Un cuestionado fallo del máximo tribunal de Ecuador restituyó a 57 diputados de oposición cesados por bloquear la Constituyente que fue aprobada, por mayoría, el 15 de abril, reavivando la pugna de poderes en torno a los planes oficiales para redactar una nueva Carta Magna.
La resolución del Tribunal Constitucional (TC) fue desconocida por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien afirmó: «En el país no pasa absolutamente nada. Esos 57 diputados continúan destituidos».
Con seis votos a favor y tres en contra, el TC devolvió el fuero a los legisladores en una resolución cuestionada por el vicepresidente del organismo, Tarquino Orellana.
«Este es un fallo problemático porque es precipitado, absolutamente irregular, porque contraviene los procedimientos determinados en los reglamentos», afirmó a la AFP Orellana, quien se opuso a la resolución.
Según el magistrado, el TC cometió una irregularidad al avalar el reclamo de los legisladores sin cumplir con los procedimientos de forma.
«La restitución fue aprobada intempestivamente, sin que la misma hiciera parte del orden del día y sin que fueran notificados los vocales y las partes involucradas», agregó.
Mientras Correa tachó como «una barbaridad» la sentencia y adujo que la misma «rompió todos los procedimientos jurídicos».
«Quede claro que, en el supuesto no consentido, de que la resolución constitucional sea válida el martes se reunirá el Congreso con los miembros (suplentes) que han venido actuando», manifestó el mandatario desde la costera Machala (suroeste).
Tras la sentencia -de última instancia de acuerdo con la normativa interna-, un grupo de simpatizantes del gobierno copó por la fuerza la sede del TC sin que se reportaran víctimas o detenidos, dijeron reporteros locales.
«Lo resuelto por el TC no tiene legalidad. El Movimiento Popular Democrático (MPD) planteará la destitución de los magistrados, que están en funciones prorrogadas. Vamos a movilizarnos hasta que la voluntad popular sea respetada», afirmó Ciro Guzmán, dirigente del MPD, afín al gobierno.
Al conocer el fallo el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que destituyó a los diputados el 7 de marzo, anunció represalias contra los magistrados.
«Este es un fallo írrito, no tiene otro calificativo. Analizaremos las acciones penales del caso», declaró el presidente del TSE, Jorge Acosta.
Los legisladores habían sido destituidos por oponerse a la Constituyente que fue aprobada por mayoría en un plebiscito el 15 de abril, en lo que el presidente Rafael Correa interpretó como un triunfo sobre los partidos tradicionales a los que descalifica como «mafia».
En opinión de analistas, la resolución del TC reactivó la pugna de poderes originada en los planes del gobierno para redactar una nueva Constitución de corte socialista que prevé recortar los poderes del Congreso y reforzar el papel del Estado en la economía.
«Esta decisión del TC va a revivir la pugna, porque el presidente (Correa) anticipó que no acataría ninguna decisión contraria a su criterio», indicó a la AFP Vladimiro Alvarez, analista político y columnista de diario Expreso.
El sábado Correa anunció que no le daría un día de tregua a la oposición y lucharía para controlar la Asamblea Constituyente que refuerce la gobernabilidad y cambie el modelo de desarrollo económico.
«La lucha continúa, no tenemos un sólo día de descanso, tenemos que vencer en la Asamblea», afirmó el mandatario, al tiempo que invitó a sus seguidores a controlar por al menos el 80% de la Asamblea y «dejarle a lo sumo un 15% a la oposición».
El TSE convocará esta semana a la elección de asambleístas que redactará la Constitución, que será sometida a referendo en 2008.