Empiezo diciendo que no me cabe ninguna duda de que los clientes que depositaron sus dólares en Bancafe International fueron estafados burdamente y que al perder sus ahorros no sólo sufrieron una injusticia tremenda, sino que fueron ví­ctimas de un claro y evidente delito, uno de esos que tradicionalmente en Guatemala permanecen impunes porque nuestra justicia no es ciega. Es más, creo que los guatemaltecos en general, mediante el FOPA, asumimos las consecuencias del mal manejo que se hizo con los otros depósitos situados en el Grupo Financiero y que eso no es justo porque nuevamente vemos que se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias.

Creo que los responsables del engaño a los clientes tienen que asumir su responsabilidad penal, como la debieran asumir también los encargados de supervisar las operaciones bancarias y que se hicieron de la vista gorda cuando surgieron las señales de alerta y actuaron cuando ya era demasiado tarde y no les quedó otra que arreglar el pago a los ahorrantes y cuentahabientes con dinero que no provino únicamente de los activos del banco.
 
 Mi postura y de La Hora es que la justicia no se puede hacer babosa, como lo vení­a haciendo, en casos como éste y los de otros bancos en los cuales también se defraudó a los clientes por malos manejos realizados con mala fe. Eso genera, por supuesto, resquemores en algunos de los que han sido involucrados en el caso y se sienten inocentes, lo cual yo lamento de manera muy especial por Eduardo Palomo, abogado a quien aprecio y respeto. Cuando ocurrieron las capturas, pensé que Guayo, como siempre le he dicho, marcarí­a distancia de inmediato con los largos que planificaron y ejecutaron las operaciones debidamente documentadas por un trabajo de auditorí­a de Price Waterhouse. En este caso no es como dijo Castillo González, que el Ministerio Público no conocí­a de operaciones financieras y no entendí­a lo que hicieron; por el contrario, la Fiscalí­a Contra el Crimen Organizado recibió toda la información proveniente de una de las firmas de auditores más reconocidas que recopiló toda la información posible, incluyendo no sólo resoluciones de directiva sino también correos electrónicos que se intercambiaban personeros del banco, donde se evidencia el manejo que se hizo de los fondos.
 
 Yo creo que quien posee acciones en una sociedad no es responsable de todo lo que haga esa persona jurí­dica. Se tiene que demostrar que el socio o, en su caso, el directivo, estaba al tanto de lo que se estaba haciendo para que se le involucre en un delito. En ese sentido, uno piensa que la gente que fue sorprendida por la largueza de quienes planificaron las operaciones, tendrí­a que marcar distancia y fijar su propia postura, cosa que supuse yo que harí­a inmediatamente Guayo Palomo.
 
 No me cabe ninguna duda de que se cometió un crimen contra la gente que confió en la solvencia del grupo financiero y que se atuvo porque tení­a confianza en los dueños, grandes o pequeños, de la entidad financiera en la que colocaron sus depósitos. No me cabe ninguna duda que ese tipo de crí­menes tienen que ser repudiados por toda la gente honorable porque le hacen daño a la solidez del sistema bancario de un paí­s. Por ello sostengo que quien no tenga responsabilidad en el crimen, tiene que hacerlo ver y distanciarse de los que lo planificaron y ejecutaron porque, si no lo hacen, se mantienen en el mismo barco y terminan compartiendo la responsabilidad, aunque sólo sea por un gesto solidario.
 
 Ciertamente la Prensa en general ha tratado con pinzas el caso y lo que se ha leí­do son protestas por el mal trato a los detenidos. Nada se dice de los defraudados y reconozco que hay un contraste con el papel de La Hora que, no hoy sino desde cuando ocurrió el fraude, ha condenado la largueza de los mal llamados banqueros.