Recientemente recibí de la Presidencia de la República una atenta invitación para opinar respecto al establecimiento de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Aunque en la edición de LA HORA, Tribuna, No Mostrador, del 12/2/07, algo escribí al respecto en el artículo que titulé «La soberanía nacional, el CICIAG y el CICIG», decidí aceptar la invitación que se me hiciera y daré respuesta puntual a cada una de las 10 «preguntas fundamentales».
1. ¿Es la CICIG lo mismo que la CICIAG?
No. La CICIAG iba a ser una institución encargada de erradicar «escuadrones de la muerte», incluso los propios del terrorismo de Estado, que se crearía previa ratificación de un convenio con la ONU, que se había denominado Convenio para el establecimiento de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad. Convenio que no fue posible llevarlo a feliz término por cínica oposición «en defensa de la soberanía nacional» del Congreso de la República. En consecuencia, tales gavillas siguen viento en popa, no sólo dentro de las bandas de «mareros», del narcotráfico, sino también en el seno de la PNC, como ha quedado probado, con el asesinato de los 3 diputados salvadoreños del Parlacen y, ojalá no sea cierto, con la instalación en las selvas del Petén, de una cárcel antiterrorista del Ejército de los EUA, similar a la de Guantánamo en Cuba.
El CICIG no tiene sólo ese propósito, sino también el de luchar contra la impunidad, como lo indica su nombre: Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
2. ¿Cómo se resume el objetivo fundamental de la CICIG?
El primer párrafo de esta segunda pregunta que forma parte del folleto divulgativo de la Presidencia de la República explica bien ese objetivo «(…) apoyar la lucha contra la impunidad en el país y apoyar al sistema de justicia, en especial al Ministerio Público en la investigación de aquellos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que más atentan contra la población y debilitan la justicia (…)».
Es decir que su objetivo no va a ser, como su nombre indica, de lucha contra la IMPUNIDAD, sino también contra los «cuerpos ilegales» que eran objeto de frustrado CICIAG.
Siendo así, si los diputados del Congreso de la República son consecuentes con sus pronunciamientos y si no aprobaron el Convenio de la CICIAG porque, según ellos, violaba la soberanía nacional, al permitir que personal de la ONU actuase en territorio nacional participando en la lucha contra los «cuerpos ilegales de seguridad», con mayor razón deberán rechazar la Comisión contra la Impunidad, porque ésta ya no sólo perseguiría a los activistas de aquellos «cuerpos», sino contra tanto funcionario público del Ejecutivo y de los otros organismos del Estado, incluyendo a los «dignatarios» del Congreso de la República. Según ellos, se ampliaría el campo de la intervención de un organismo internacional en detrimento de la soberanía nacional. Salvo, que para el 2008, como resultado del evento electoral el pueblo haya podido lograr elegir diputados auténticos representantes suyos, lo cual es difícil porque la gran mayoría de los actuales se quieren reelegir y los poquísimos que no toman parte de la gran pandilla corrupta, nada podrán hacer, «porque una golondrina no hace el verano».
3. ¿Por qué se llama comisión internacional?
Es correcta la respuesta que el folleto de la Presidencia de la República da a la pregunta, en resumen: «Porque surge de un Convenio suscrito entre el Gobierno de Guatemala y la Oficina del Secretario General de las Naciones Unidas a solicitud del Gobierno de Guatemala. Todos los miembros de esta Comisión son expertos internacionales escogidos por sus capacidades individuales, su experiencia y rigor profesional. El personal administrativo y de consultoría profesional podrá ser guatemalteco (…)»
Dos observaciones de mi parte: la primera, que esos «expertos internacionales» no vayan a ser como otros de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) y del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), pues algunos de esos expertos de OIM y de UNCTAD se han visto envueltos en escándalos de corrupción y del PNUD, orientando políticas neoliberales perjudiciales al país, porque no son de desarrollo humano sino de crecimiento de la riqueza de la élite oligárquica que gobierna en Guatemala y para uncir nuestra economía a los planes de dominación imperialista, a través del Plan Puebla Panamá, parte de ALCA, y del DR-CAFTA. La segunda, que el personal administrativo y de consultoría profesional debería ser guatemalteco, pudiendo haber extranjeros. La anterior sugerencia, con base en lo dispuesto en el artículo 102 de la Constitución Política de la República. Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo, literal n), que preceptúa: «Preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en igualdad de condiciones y en los porcentajes determinados por la ley. En igualdad de circunstancias ningún trabajador guatemalteco podrá ganar menor salario que un extranjero, estar sujeto a condiciones inferiores de trabajo, ni obtener menores ventajas económicas u otras prestaciones».
4. ¿Por qué debe ser la CICIG un órgano internacional para ayudarnos en la investigación de los CIACS?
Por falta de espacio no daré, en este escrito, la respuesta que se me ha pedido; pero redactaré otros dos artículos para referirme al resto de preguntas.