Es principio general, nunca observado en Guatemala, que los funcionarios públicos son responsables por sus actos y de esa cuenta es indispensable que el Ministerio Público inicie las investigaciones pertinentes para determinar las que correspondan a quienes autorizaron la operación de una Tienda Libre en el aeropuerto La Aurora mediante una burda maniobra que no se puede calificar sino como una güizachería.

Es patético ver que los asesores legales en muchas dependencias se encargan de buscar la maniobra para burlar la ley. Corresponde al Congreso de la República autorizar el funcionamiento de Tiendas Libres de impuestos y así se hizo para facilitar las operaciones de las entidades benéficas Sociedad Protectora del Niño, San Vicente de Paul y Centro de Integración Familiar. Pero mediante contactos y privilegios, la tienda panameña La Riviera logró equipararse a esas instituciones y, por si no fuera poco el fraude de ley, sabrá Dios cómo consiguieron que las autoridades del aeropuerto les dieran los mejores espacios para competir de manera desleal con las entidades de beneficencia.
 
 Cuando publicamos el reportaje sobre la acción legal emprendida por una asociación particular contra las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria que incurrieron en la barrabasada, publicamos una opinión diciendo que ese tipo de favores no se dan de gratis. No fue de gratis que las autoridades de Aeronáutica Civil les dieron el lugar privilegiado para que cuando el pasajero sale del puesto de registro se tope, de entrada, con los amplios y bien ubicados lugares donde opera La Riviera. No fue de gratis que se hiciera el gran esfuerzo mental de encontrar una figura para burlar la ley, declarando a esa entidad depósito aduanero, figura que por supuesto no es la de Tienda Libre que se aplicó en la ley aprobada para permitir el funcionamiento de las entidades que se dedican a la beneficencia.
 
 El caso es que no podemos seguir siendo un país donde nadie rinde cuentas ni es responsable de sus actos. Durante años funcionó ilegalmente una tienda libre sin una ley que autorizara su operación y con ello hubo una gran defraudación. ¿Quién va a pagar esa defraudación si como depósito aduanero no rendían cuentas a nadie?
 
 ¿Por qué la licenciada Carolina Roca no quiso firmar la resolución y Villeda lo hizo en cuanto tomó posesión? ¿Quiénes prepararon los dictámenes a favor de la empresa panameña? Son muchas preguntas, pero todas tienen respuestas plasmadas en los expedientes. La gente de Aeronáutica y de la SAT que ayudó a la empresa panameña no lo hizo de gratis y por lo tanto, el Ministerio Público tiene que actuar.
 

Minutero
Con depósito aduanero
nos hicieron lero, lero
y una gran defraudación
se basó en la corrupción