Un análisis realizado en 2011 –situación similar a la actualidad– sobre muertes violentas en el país, indica que de 1200 expedientes de crímenes en la capital, 700 fueron cometidos por el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, lo que representa un 63 por ciento, según un informe presentado recientemente por el excoordinador de las Fuerzas de Tarea, Julio Rivera Clavería.
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La pesquisa estuvo a cargo de investigadores del Departamento de Delitos contra la Vida, de la Policía Nacional Civil (PNC), que tras un análisis determinaron la asociación de las escenas del crimen con las pandillas.
El trabajo incluyó la identificación de casos conexos, localización de medios de prueba, análisis de información criminal, identificación de grupos criminales y aplicación de medidas de coerción, así como la vinculación técnico-científica entre víctima, victimario y escena del crimen.
Dos de los grupos predominantes e identificados en estos hechos fueron las clicas Solo Raperos (SR) del Barrio 18, y Pigüis Locos Salvatruchas. La primera fue desarticulada el año pasado y la segunda este año, pues sus integrantes han logrado desplegarse en el país.
Sus principales líderes, Aldo Dupié Ochoa Mejía y Nixon Bantes González, del B-18 y MS respectivamente, se encuentran recluidos en prisión.
Los móviles de los crímenes fueron por extorsión, venganzas y rivalidad entre pandillas, según un informe de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).
METODOLOGÍA
La información de estos análisis dio vida a las diferentes fuerzas de tarea, que tenían como objetivo principal combatir los diferentes delitos cometidos por los grupos criminales.
En el caso de la Fuerza de Tarea contra Sicariato se creó un “Protocolo de Coordinación Operativa” entre el Ministerio (MP) y Gobernación, a través de la fiscalía y el Departamento de Delitos contra la Vida de la PNC.
Los casos fueron clasificados como “A” avanzados, “B” medianamente avanzados por tener al sospechoso en su fase de individualización, “C” rezagados por no tener ningún sospechoso.
Los casos “A” y “B” se designaron a los investigadores policiales y “C” a la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI).
Posteriormente se realizó un diagnóstico criminal de acuerdo a la identificación de los modus operandi de las pandillas y se estableció una metodología para alcanzar las expectativas.
Los resultados de estas acciones en 2012, fueron la detención de 355 personas, 41 estructuras criminales debilitadas y 21 clicas reducidas a su capacidad, según el informe.