A dos años exactamente de la toma de posesión del actual Presidente de la República, es decir, a la mitad de la gestión del período de Gobierno, es sensato comenzar a efectuar análisis y balances de lo que ha significado para el país esta administración. Son tantas las maneras y ámbitos que pueden evaluarse, para lo cual se necesitaría un considerable cúmulo de información; sin embargo, en este espacio se pretende abordar muy superficialmente el rendimiento gubernamental, acompañado de las posibles razones que pueden determinar el mismo.

El vigente Gobierno comenzó con el apoyo y la aprobación de influyentes sectores del país, teniendo respaldos que facilitaron el avance de “reformas” necesarias para la ejecución de los planes estipulados, mediante el incremento en la recaudación fiscal. La improvisación se puso de manifiesto cuando se ejecutaron los paquetes aprobados, en donde la población resintió los efectos de las nuevas disposiciones, denotando así la inexactitud con que estas fueron estimadas. En este mismo sentido, fue separado de su cargo el funcionario que advirtió que las metas de recaudación no eran realistas, siendo poco probable lograr acercarse a esas cifras, que dicho sea de paso a finales del año anterior se le otorgó la razón, al comprobarse que efectivamente no se equivocó en sus afirmaciones.

En el tema de seguridad –que fue la punta de lanza de los ofrecimientos de campaña– se han logrado modestos resultados, y aunque probablemente las tendencias se han modificado, la percepción que la población ostenta acerca de dichos parámetros, sigue siendo la misma en el diario vivir. Es por lo anterior que, el 2014 fue declarado por el Presidente como “el año de la seguridad”, en respuesta a estos insuficientes alcances obtenidos.

Afirmar que todo es negativo sería un error, dado que, desde el seno del Congreso de la República –institución que goza de las peores imágenes– se logró la aprobación de una trascendental “Ley de Celulares”, en donde a pesar de la obstaculización de que esta fue víctima en años anteriores, se logró concretar en el año 2013. Esto podría constituir un instrumento determinante, para intentar alcanzar los resultados pretendidos, al representar un claro desincentivo para el robo de celulares –algo que en los últimos años ha sido sinónimo de muerte y violencia.

Después de darle un vistazo a lo anterior, es apropiado revisar el papel de la población en general, en todo lo relacionado a los cumplimientos de planes de Gobierno. Como primer punto, es adecuado señalar que, nuestras circunstancias han impedido la consolidación de la madurez política al interno de cada individuo, es por ello que cada cuatro años se cree en promesas incumplibles y posteriormente se exige que nuestras dificultades sean resueltas por el Gobierno inmediatamente, obviando que muchos de nuestros males son estructurales y complejos, siendo imposible revertirlos en tan poco tiempo. Por otra parte, la sociedad no se ha organizado adecuadamente con la finalidad de desarrollar capacidades fiscalizadoras, mismas que propicien el buen actuar de los funcionarios de gobierno en sus respectivos períodos de gestión.  

En conclusión, poseemos una responsabilidad compartida entre Gobierno y el resto de la sociedad, porque, por una parte nos desentendemos, y hasta cierto punto hemos desarrollado un sentimiento de apatía hacia la presión que debe ejercerse constantemente a los funcionarios, puesto que, está comprobado que de lo contrario varios de los mismos desarrollan pobres gestiones públicas.