Mi iniciativa al escribir estas líneas es eminentemente constructiva: de ayudar a salvar un vacío jurídico que resulta urgente llenar para las presentes y futuras generaciones de guatemaltecos.
Hoy, en especial, me dirijo a los futuros gobernantes, es decir, a aquellos que democráticamente sean seleccionados por sufragio universal para ocupar los cargos de Presidente y Vicepresidente, y cuyas obligaciones están plenamente señaladas en la Constitución Política de la República.
Los mencionados anteriormente tienen distintas responsabilidades, según el cargo que ejerzan. Quienes dirijan los destinos de nuestro país les corresponderá contribuir al mantenimiento de la paz, la salud, educación y velar por el ambiente y equilibrio ecológico que, en suma, representa la vida de todos y cada uno de los habitantes del territorio nacional.
Guatemala atraviesa una crisis en todos los campos de su vida ciudadana, sin que se pueda dejar a un lado la del ambiente: deforestación, contaminación de ríos y lagos, cambios climáticos, entre otros. Esta situación acentúa la responsabilidad para unos y otros, acorde con las funciones que desempeñen.
Lo que no debe suceder es que la temática ambiental permanezca ausente de la preocupación de las autoridades mencionadas como lo ha estado hasta ahora. ¿O acaso estamos a la espera de que se produzca entre nosotros tragedias como el TSUNAMI, el daño a los bellos lagos de Atitlí n y Petén, para decidirse a abordar el tema con plena consciencia de sus deberes ciudadanos?
Con respecto al drama de la contaminación de nuestros lagos, la excesiva deforestación, pérdida del recurso suelo, contaminación urbana y de su atmósfera, hasta ahora no se han adoptado políticas administrativas y educativas para aliviarlo. Sólo se han aplicado remedios, que momentáneamente calman el dolor, pero no curan la enfermedad.
Con estos problemas ambientales, no sólo está en juego la calidad de vida de la generación presente, sino de las futuras que aún no pueden decidir por sí solas, pero sobre las cuales estamos imponiendo pesadas cargas, no sólo económicas, sino limitativas de su libertad de escoger el ambiente que deseen.
Nuestro país vive y la sociedad funciona de explotar e industrializar sus recursos naturales. Disponer de un adecuado régimen jurídico ambiental para ellos y manejarlo con eficiencia, es fundamental para la vida misma de la población.