El expediente fue remitido esta mañana a la CSJ y en éste se lee que dicha instancia debe ampliar la resolución que dictó anteriormente realizando las siguientes dos calificaciones: «concretar si la denuncia se basa en hechos que le consten a los querellantes directamente y si los mismos encuadran en figuras delictivas», y «calificar si el antejuicio fue promovido por razones espurias, polí­ticas o ilegí­timas».

La resolución de la CC ordena también al Congreso de la República suspender el trámite de antejuicio y reenviar el expediente a la Corte Suprema.

Luis Fernández Molina, presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios, únicamente comentó lo siguiente en relación al fallo «deben ser un poco más amplios en las razones por las que se archiva el expediente y realizar un análisis de las figuras delictivas incluidas en el antejuicio» concluyó.

Hiram Sosa, representante legal del FDN declaró que la CSJ «emitió una opinión respecto a la fundamentación de los ilí­citos que fueron imputados a los magistrados del TSE», resaltó el jurista y anunció que tienen previsto presentar una querella penal en contra de los magistrados de la CSJ por el delito de abuso de autoridad.

Según Sosa, la comisión pesquisidora conformada por cinco diputados del Congreso, ya emitió un dictamen respecto a las pruebas recabadas en dicho proceso. En la conclusión «se comprueba que existen 640 mil cédulas duplicadas sólo en el departamento de Guatemala», aseveró el denunciante.

Los magistrados de la CSJ conocerán éste dí­a el expediente para ampliar el fallo.