La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió sin lugar las acciones de inconstitucionalidad en contra del “Reglamento para la Realización de Consulta Municipal a Solicitud de Vecinos” de Mataquescuintla, Jalapa

Con lo que se reconoce la vinculación de la consulta comunitaria establecida en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el cual regula las consultas y que fue ratificado por el Estado de Guatemala.

Según la resolución de la Corte, el objetivo de la consulta de vecinos era que los ciudadanos de ese municipio se pronunciaran con carácter vinculatorio para la autoridad edil, sobre el desarrollo, instalación y operación de proyectos de minería química de metales en cualquier parte del municipio. 

Rafael Maldonado del Centro de Acción Legal Ambiental y Social, (Calas) indica que la resolución de la CC es un “hecho histórico” “porque de aquí en adelante ya hay un marco jurídico que reconoce la vinculación de las consultas populares, lo cual garantiza a las comunidades la decisión de tener o no actividad minera en sus territorios”.

Maldonado dice que si las comunidades optan por desarrollar las consultas de vecinos tal como lo realizaran pobladores de Mataquescuintla, al amparo del Código Municipal en sus artículos 64 al 66, entonces las consultas serán vinculantes y por lo tanto las municipalidades tienen que hacer valer la voluntad de la población que vote en dichas consultas.

RECONOCE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN

El profesional indica que es un hecho histórico que reconoce los derechos fundamentales de la población principalmente en cuanto a ser informados y a ser consultados, y sobre todo a decidir cuál es el desarrollo que quieren para sus municipios.

Según Maldonado la resolución de la CC establece un precedente, ya que la realiza un llamado al Congreso de la República, al Presidente y a los Ministerios de Energía y Minas y Ambiente a tomar conciencia de la conflictividad que sucede por la imposición de los proyectos mineros.

Entre tanto Fernando Castellanos, director general de minería del Ministerio de Energía y Minas, indica que aún no han sido notificados, pero que si es una resolución de la CC, como ministerio tendrían que acatar lo dictado por el alto órgano constitucional, pero que se debe hacer una revisión de la sentencia antes de poder emitir una postura.

Castellanos indicó que ya en una ocasión la misma CC se había referido a la vinculación de las consultas populares, indicando que estas no tenían un carácter vinculante en el tema de minería, “ya lo habían dicho en otras ocasiones, entonces hay que estudiar lo que dicen ahora”.