Desde hace una semana, unos 150 habitantes de varias comunidades del municipio de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, se declararon en reunión permanente, como medida de protesta a la continuidad de las actividades de la mina Marlin, de la empresa Montana Exploradora.

Según los comunitarios, «la Policí­a Nacional Civil actuó con represión en contra de mujeres, niños y hombres que reclaman la seguridad y garantí­a de su vida que está amenazada y atropellada por las acciones de la empresa», el pasado 13 de junio.

Como medida de presión, los pobladores se instalaron a dos kilómetros de la empresa y cortaron la energí­a eléctrica que moviliza los molinos que trituran las rocas en búsqueda de oro.

Larga historia

Las denuncias que los habitantes hacen sobre los efectos nocivos de la actividad minera no son recientes, desde que la empresa Montana se instaló en 2005 en San Miguel Ixtahuacán (85% de los trabajos se concentra en este lugar) y en el municipio de Sipacapa (15%), han evidenciado, a través de consultas comunitarias o acciones de hecho, su renuencia a la continuidad de los trabajos de exploración y explotación minera.

Los pobladores se quejan principalmente por la contaminación de suelo, aire y agua con el cianuro que se utiliza para extraer oro (se sabe que se emplean 28.75 gramos de cianuro para extraer una onza de oro), así­ como la utilización de explosivos a cielo abierto, la instalación de cables de alta tensión sobre las viviendas de tres comunidades y de las intimidaciones que personeros de la empresa hacen a quienes se oponen.

Los daños

Según Javier de León, representante de los comunitarios, los habitantes de la Aldea Agel sufren de la contaminación de las fuentes de agua a causa de las actividades mineras. «Se han enfermado unos 20 niños y se ha perdido, principalmente el cultivo del tomate, desde el año pasado», aseguró.

Aunque aún no han comprobado cientí­ficamente que los trabajos de la mina son los causantes de estos daños, manifiestan que las comunidades que habitan abajo de la cuenca del rí­o Cuilco, con las que viven en la parte de arriba, los resultados son evidentes pues los primeros no reportan estos problemas.

Por otro lado, los postes que sostienen los cables de alta tensión están por caerse sobre varias viviendas, afirman los afectados. «El tendido eléctrico de alta tensión provoca enfermedades en la salud por los efectos de la radiación, lo que se convierte en una preocupación de las familias que viven en este lugar», advirtió.

Además, en 2006 se iniciaron las detonaciones para deshacer la roca y extraer el oro, por lo que unas 100 viviendas han sido afectadas, pues las paredes están dañadas casi en su totalidad, aseguró de León.

De León sostiene que el Estado ha violado el Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indí­genas y Tribales, pues no consultó a los habitantes sobre la instalación de la mina, la Corte de Constitucionalidad dictaminó que las consultas comunitarias o populares no son determinantes o vinculantes para que las autoridades decidan al respecto.

gNo esperamos negociación, sino la paralización de la actividad minera y la reparación de los daños a las comunidades», sentenció el entrevistado.