Una ley de amnistía que en 1993 perdonó las atrocidades cometidas en la guerra civil salvadoreña (1980-1992) sigue generando polémica en El Salvador, donde el Estado se resiste a derogarla como exigen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos humanitarios del país.
«El Estado sigue resistiéndose a derogar la amnistía. Nosotros consideramos que la amnistía fue una decisión política inconsulta aprobada por aquellos grupos que hicieron la guerra y que no consideraron a las víctimas de los graves delitos», declaró el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuellar, a la AFP.
El espinoso tema de la amnistía general salió a flote luego que representantes del Estado salvadoreño y de la iglesia católica comparecieron el 10 de octubre en Washington ante la CIDH para abordar el grado de cumplimiento de las recomendaciones que emitió sobre el caso del asesinato del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, cometido el 24 de marzo de 1980.
El Estado salvadoreño había sido condenado por la CIDH por no haber investigado el caso -que conmovió a la opinión pública nacional e internacional- y recibió tres recomendaciones.
En una de sus recomendaciones la CIDH exigía al Estado salvadoreño «adecuar su legislación interna a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto la ley de Amnistía General».