Como información reservada fueron clasificados los datos de las personas, personalidades y ciudadanos en general, que tienen asignados agentes de la Policía Nacional Civil o agentes especiales para su seguridad, además de los contratos de arrendamiento de cada vehículo blindado que renta el Ministerio de Gobernación.
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Mediante dos resoluciones, 382 y 383, la cartera de Gobernación niega los datos arriba mencionados y que fueron solicitados por medio de la ley de libre acceso a la información.
Se considera para ello que la información en referencia constituye «la parte medular» para la seguridad del funcionario, personalidades y ciudadanos en general y que el daño que se les puede ocasionar al proporcionar la información es mayor que el interés público de conocerla.
Además, se indica que informar sobre los contratos de arrendamiento de los autos y sus especificaciones, deja en condición de vulnerabilidad a los funcionarios que se transportan en los mismos.