Con este tercer artículo termino de comentar el libro cuyo título abreviado, fue escrito por los cronistas y fotógrafos Jonás Moller y Derrill Bazzy, en el que consta una bien documentada relación histórica de la represión, refugio y recuperación de las poblaciones desarraigadas por la violencia estatal, durante los años de la insurrección armada, la cual llegó al grado de crímenes contra la humanidad.
IRMA ALICIA VELíSQUEZ NIMATUJ (Antropóloga sobresaliente)
Escribe un serio comentario relacionado con las deficiencias del sistema educativo y de la situación de explotación a la que se condena a las poblaciones indígenas por el colonizado sistema gubernamental, nada equitativo, discriminatorio que reprime a los indígenas. Sin embargo, es alentadora la convicción suya de que éstos tendrán un futuro de libertad e igualdad. Adecuado a esa convicción es el tema que desarrolla en «Rescatando Nuestra Memoria», que es: «PROTAGí“NICOS DE SU PASADO, CONSTRUCTORES DE SU PRESENTE Y VISIONARIOS DE SU FUTURO».
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OTROS APARTADOS IMPORTANTES DEL LIBRO
Mapa lingí¼ístico de Guatemala (idiomas mayas, xinca y garífunas).
La Huída a México. Las Comunidades de Población en Resistencia de Ixcán. Las Comunidades Populares en Resistencia del Petén. Viviendo bajo la Montaña. Las Salidas al Claro de las CPR. Las Comunidades de Reasentamiento Permanente de las CPR. El Fenómeno del desplazamiento forzado, aldeas modelo y las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Aldeas Modelo y PAC. Municipios de procedencia de mil o más refugiados asistidos por ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados) y COMAR (Comisión Mexicana de Asistencia a Refugiados). La Reubicación en Campeche y Quintana Roo. La Organización dentro del Campamento. El Retorno. Las Comunidades Retornadas. El Desplazamiento Hacia la Capital. El Movimiento Popular. Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Nombres de 115 personas exhumadas. Por último 3 páginas en las que lucen, a todo color, 45 emblemas de entidades, instituciones, nacionales e internacionales, estatales y no estatales, universitarias, de derechos humanos, fundaciones, asociaciones de la niñez, la juventud, la familia, pro paz, etcétera.
Antes de concluir considero un deber de honestidad intelectual, reiterar lo que he afirmado en cuanto a la «recuperación» de las víctimas de los años del genocidio y etnocidio, en particular de quienes fueron refugiados o desplazados internos. Estaban garantizados para lograr una reinserción digna a la normalidad, mediante compromisos asumidos, primero, por el gobierno de ílvaro Arzú y, desde el año 2005, por compromisos de Estado, como son los de los Acuerdos de Paz, conforme a su Ley Marco. Pero en vez de darle cumplimiento a esos compromisos, establecidos en los Acuerdos de Paz siguientes: Global sobre Derechos Humanos, para el Reasentamiento de las poblaciones desarraigadas, Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas y Acuerdo sobre fortalecimiento del Poder Civil y función del Ejército en una sociedad democrática, las autoridades gubernamentales han tergiversado las disposiciones de esos Acuerdos y, en especial las de este último, que, con base en la Constitución Política de la Republica,
Artículo 245. «Prohibición de grupos armados ilegales. Es punible la organización y funcionamiento de grupos armados no regulados por las leyes de la República y sus reglamentos».
Precepto que se le aplicó a la URNG, razón por la cual se constituyó en partido político y dejó de ser «grupo armado ilegal». En cambio, las PAC, sigue siendo grupo armado ilegal» y, a pesar de ello, en vez de haberlas disuelto, el Gobierno, con flagrante violación de la Ley Fundamental de la República y lo normado en el párrafo 61 del Acuerdo de Paz sobre Fortalecimiento del Poder Civil y función del Ejército en una sociedad democrática, el cual manda «la desmovilización y desarme de los Comités Voluntarios de Defensa Civil (SDVDC)», lo cual debió haberse hecho 30 días después de suscrito al Acuerdo de Paz, y nunca se realizó, pero aún hay más arbitrariedad, pues dichos «grupos armados ilegales» que conforme a los Acuerdos de Paz, no tienen derecho a ninguna prestación, han sido beneficiados con más de un mil millones de quetzales, no obstante haber sido autores materiales del genocidio, el etnodicio, en tanto que a las víctimas de esos delitos contra la humildad se les han negado los recursos necesarios para su reasentamiento, pues los recibidos, en comparación con los de los victimarios, son magros e insuficientes.
Y, por último, es justo reconocer el responsable papel que desempeñó el ingeniero ílvaro Colom, durante más de una década, como autoridad máxima de Fondo Nacional de la Paz (FONAPAZ), en el proceso de reasentamiento de las poblaciones desarraigadas, lo cual no se hace en el libro «Rescatando Nuestra Memoria», pero también es necesario exhortarle que haga cumplir los Acuerdos de Paz en relación a las poblaciones desarraigadas por la violencia estatal.