Resarcirán a familiares de ví­ctimas


Varios familiares de las ví­ctimas de guerra serán resarcidos en este mes.

El gobierno de Guatemala entregará este mes unos 4,5 millones de dólares a 1.688 familiares de ví­ctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante los 36 años de guerra civil que ensangrentó este paí­s (1960-1996).


Los beneficiarios provienen de siete municipios ubicados en tres de los departamentos más golpeados durante el conflicto bélico, toda vez que el 65,18%% de los 200.000 muertos o desaparecidos que dejó la guerra fueron de esas localidades, indicó en rueda de prensa el titular del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), César Dávila.

Dávila explicó que el próximo jueves el gobierno del presidente ílvaro Colom erogará más de un millón de dólares para indemnizar a 401 personas en el poblado indí­gena de Nebaj, Quiché, unos 220 km al noroeste de la capital.

Ese mismo dí­a recibirán el resarcimiento otras 33 personas en el municipio de Barillas, Huehuetenango (noroeste), para un total de 97.970 dólares. Otros grupos serán beneficiados en Santa Cruz del Quiché, Mazatenango (costa sur) y Uspantán (departamento de Petén).

De acuerdo con datos de Dávila, de marzo a agosto serán beneficiadas unas 4.200 personas, el 50%% de la meta establecida por el gobierno para el 2008, pues contempla entregar la compensación económica a unas 8.250 ví­ctimas.

El funcionario precisó que el resarcimiento se entregará por casos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, de masacres y violación sexual, entre otros, todos cometidos por las fuerzas del Estado.

Entre tanto, el titular de la Secretarí­a de la Paz (Sepaz), Orlando Blanco, detalló que desde la instalación del programa de resarcimiento en 2003 hasta 2007 se entregaron unos 36,4 millones de dólares para beneficiar a unas 13.000 ví­ctimas de la guerra.

Un informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), auspiciada por las Naciones Unidas, documentó unos 200.000 muertos o desaparecidos y 666 masacres, que en su inmensa mayorí­a (93%%) fueron responsabilidad de las fuerzas del Estado.

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