Lentitud y una mala orientación caracterizan al Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) el cual se encuentra a cargo de retribuir de forma material a los familiares y ví­ctimas del conflicto armando interno según el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).

El PNR «ha impulsado la indemnización económica sin tener una metodologí­a adecuada que aminore el impacto psicológico de los sobrevivientes y de los beneficiarios» según estudio publicado por el GAM lo cual ha ocasionado que se abra más la brecha en la reconstrucción del tejido social; lo cual la vuelve un proceso de reparación indeficiente.

Esta problemática se agudiza ya que muchos de las situaciones que encadenaron el estallido social que culminó con la Firma de la Paz en 1996 siguen prevaleciendo en zonas muy pobres, marcándose más en los departamentos habitados por mayorí­as indí­genas quienes representan principalmente el 15 por ciento de la población que existe bajo la lí­nea de pobreza extrema.

El GAM lleva acabo un acompañamiento del programa de dignificación de las ví­ctimas así­ como el aspecto jurí­dico-social en investigaciones forenses, las cuales buscan contribuir esa dignificación en los aspectos jurí­dico-social y religiosos «que represente una reparación moral hacia los familiares supervivientes».

A raí­z del cual han evidenciado según el estudio que la región del occidente y noroccidente del paí­s siguen enfrentando casos de cementerios clandestinos y todo la problemática social que esto conlleva, y que exige dignificar a las ví­ctimas inhumadas clandestinamente. Y la reparación de los familiares sobrevivientes que exige a su vez la retención de la memoria histórica.