Ahora que es tema central la próxima elección de una nueva figura humana y profesional para ocupar el cargo de Fiscal General, la opinión pública inmediatamente asocia un hombre o una mujer. Por ley son seis personas que integrarán una lista depurada de toda aquella cantidad de abogados que se interesen por participar y de ellos uno será el electo.
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Consultados algunos diputados, sindicalistas y activistas de derechos humanos, sus pensamientos se unen en una misma ruta, el nuevo Fiscal General de la República debe tener valentía para enfrentar el reto que permanece allí: «investigar para hacer justicia».
Aníbal García, diputado independiente, califica de competencia lo que necesita reunir el próximo abogado que llegue a dirigir el Ministerio Público, porque en vano sería que sea todo un especialista, con maestrías o estudios superlativos bajo el brazo pero sin resultados en la gestión.
El nuevo profesional del derecho que aspire y sea seleccionado por la Comisión de Postulación debería ser un profesional con probidad, «sin vínculos negativos, con independencia de poderes políticos, económicos o fácticos así como que no llegue cargando actos anómalos en su pasado», puntualiza García.
También recuerda que la responsabilidad de quien llegue al puesto en MP debería tomar en cuenta que no es un cargo administrativo concretamente, ni de relaciones públicas y menos de relaciones diplomáticas.
«Es un puesto dentro del marco de la justicia para llegar a hacer cumplir la ley, tomar decisiones drásticas y no dejarse influir por la corrupción, el tráfico de influencias o el compadrazgo, velar por los casos en general y no dejarse invadir por la impunidad», agrega.
Es necesario ya que un Fiscal General «no llegue a hacerse de la vista gorda» sino que se necesita que por fin algún funcionario de esa categoría en el puesto enfrente a quien sea, dice esperanzado Aníbal García.
MíS DE LO MISMO
José Pinzón, de la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), es enfático al decir que en el Ministerio Público quien gobierna es la impunidad sobre los miles de casos que allí duermen sin que llegue la justicia para las víctimas.
«El caso de (Rodrigo) Rosenberg, porque la CICIG se metió de cabeza casi hasta el fondo para investigar la primera fase y ahora hay resultados; habrá que ver el resultado del Ministerio Público», muestra como ejemplo.
Pinzón adelanta que la CGTG va a participar junto a otros grupos de la sociedad civil para estudiar las propuestas que haga la Comisión de Postulación.
Y es que esa central de los sindicatos del país, habla con propiedad que en el país se necesita un fiscal de calidad en el siglo XXI debido a que puede hablar con propiedad sobre los 36 casos de asesinatos de líderes sindicales, «ni siquiera uno se ha esclarecido», remarca.
«Entonces cuando a nosotros nos preguntan cuál es el desempeño y resultados del Ministerio Público, tenemos derecho a opinar y decir que deja mucho qué desear».
«Creo que el Presidente (de la República) no le ha hecho mucho bien al propio Fiscal General cuando de una u otra manera el mandatario ha girado su orientación hacia la reelección del actual jefe del Ministerio Público», analiza.
Aunque el líder de la CGTG reconoce que Amílcar Velásquez Zárate fue muy cordial cuando en 2009 los recibió en compañía de un gobernador del Reino de Holanda, hubo cordialidad y buenos deseos, pero nada más, porque los casos de sindicalistas asesinados no han tenido resultados.
Otra situación de lamentar, es que a estas alturas cuando la gestión del actual Fiscal General está por concluir, la Fiscalía de Sindicalistas y Periodistas ha sido rebajada en su calidad y ahora está convertida en una simple oficina, denuncia.
«Â¿Cuál es el mensaje hacia el movimiento sindical?, que importa un pepino que liquiden a todo el movimiento sindical, y la instancia que es el Ministerio Público, que debería tener la responsabilidad, debería investigar y llegar hasta los últimas consecuencias, insiste Pinzón.
NO SUMISO
El diputado Roberto Villate Villatoro, jefe del bloque Libertad Democrática Renovada, aunque parco y lento en sus escasas respuestas, resaltó que es necesario oxigenar al Ministerio Público y ve también que no es solo pensar en la figura de una profesional sino en que son seis quienes deben reunir calidad.
í‰l, valora como requisito legal e intrínseco que los candidatos antes deben reunir el requisito moral y suficiente «hombría», vengan de donde vengan los casos, y no una actitud de sumisión, dice.
Por ello, casi como la mayoría de los grupos, ve con buenos ojos la fiscalización de la sociedad civil que debe ir dirigida hacia todos los aspirantes desde el principio y hasta el final.
Carmen Aída Ibarra, activista, resalta que los ojos no deben estar puestos en una sola figura sino en los seis abogados, que al final son propuestos, porque todos aspiran a ser Fiscal General y ninguno concursaría como aventura para quedar fuera.
Entonces, los seis candidatos tienen que ser buenos y traer su plan de trabajo sobre qué modelo va a implementar, calificar por qué tanta desestimación y archivo de los casos; como suprimir los cuellos de botella que ahora existen en el MP.
Al final si los candidatos son mediocres, no tendrán una proyección hacia el puesto y lo que se necesita para dirigir el MP y los resultados de la investigación, «sería no tener pies ni cabeza o cualquiera de los seis llegarían a dar únicamente palos de ciego», analiza Ibarra.
Lo ideal sería que cuando la Comisión de Postulación entreviste a todos los aspirantes respondieran «Sí, estoy interesado», y luego esos mismos profesionales, cuando hayan concluido la elección de nuevo Fiscal General y jefe del Ministerio Público, y queden solo cinco, no vayan a rechazar ser electos para integrar el Consejo, valora.
El acertijo que queda es, si todos los candidatos y al concluir cuando haya un nuevo Fiscal General se va a interesar por hacer efectivos los Acuerdos de Paz, definir y actualizar la necesidad de quién debe investigar, si la Policía Nacional Civil (PNC), mejorar la calidad de la actual PNC, una policía propia del MP, o que el Congreso apruebe el nuevo cuerpo de policía de investigación.
El país y su población necesitan que el nuevo dirigente de la institución encargada de ejercer la acción penal pública, se apodere del Ministerio Publico y lo despliegue en todo el territorio nacional para efectuar una justa y equitativa persecución penal.
Ana María de Klein, activista de Madres Angustiadas, ha dicho que para el perfil del nuevo jefe del MP, no basta que haya sido simplemente un fiscal de distrito con algunos años de experiencia, porque eso solo no llena las expectativas que requiere la situación del país.
El 29 de julio de 2008, Juan Luis Florido dejaba el cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público y desde entonces Amílcar Velásquez Zárate, contando 50 años de edad y 15 de experiencia como fiscal de distrito, ha permanecido en el puesto -hace ya 18 meses-.
Las noticias en 2008 fueron que en la casa de campaña de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Florido se reunió con el presidente Colom, previo a que dejara el cargo Florido, donde al finalizar aquel encuentro negó que hubiera sido destituido, además refutó a la prensa los constantes rumores de su renuncia.
En el inicio de su desempeño como jefe del MP, Velásquez Zárate empezó navegando con la bandera de fortalecimiento al MP en materia de investigación, hacer crecer la importancia de prueba científica para los casos y prioridad a casos emblemáticos en el país.
Juan Luis Florido llegó al Congreso de la República en 2004 electo como diputado por el distrito central abanderado por la Gran Alianza Nacional (Gana) entonces gobernando.
Tres meses después, Florido anunciaba su renuncia a la curul ya que el presidente í“scar Berger lo nombró Fiscal General en sustitución de Carlos de León Argueta, quien había desempeñado el puesto durante el gobierno de Alfonso Portillo.
La administración de Juan Luis Florido, quien permaneció en el cargo durante cuatro años, fue fuertemente cuestionada por organizaciones civiles, por el poco avance en casos de alto impacto social, como la quiebra de bancos, donde cientos de personas perdieron sus capitales de retiro, por ejemplo.
Carlos de León Argueta, en el gobierno portillista también fue cuestionado durante el desempeño de su puesto como jefe del Ministerio Público, por los escasos avances en la investigación de los casos en el país.
Ahora, en pleno siglo XXI, cuando Carlos Castresana de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha puesto el dedo sobre la llaga que la investigación y los avances en los procesos no deben ser los de alto impacto los únicos que deben avanzar, es que el problema de la eficiencia y responsabilidad del cargo ha saltado como una liebre.
Castresana sigue resaltando que los casos son unos 6 mil 451 restantes de guatemaltecos que han caído víctimas de la violencia y el crimen, por ello deben ser seriamente investigados para que se resuelvan no solamente por la insistencia y el seguimiento que ha hecho la opinión pública para los casos Rosenberg y Musa.
También sigue el paradigmático caso de la desviación de los Q82, 8 millones de los fondos del Congreso de la República que fueron a parar a la casa de bolsa Mercados de Futuro a través del Banco Uno.
Durante el paso de Amílcar Velásquez Zárate por el MP, arrastra consigo el caso de «los Zetas», la masacre de nicaragí¼enses, los Q82,8 millones del Organismo Legislativo, el caso Rosenberg, el caso ílvaro Matus relacionado con la muerte de Víctor Rivera, asesinado misteriosamente en 2008 luego de ser separado del Ministerio de Gobernación.
Quiénes han sido: Fiscal General de la República: Ramsés Cuestas Gómez, Acisclo Valladares, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Adolfo González Rodas, Carlos de León Argueta, Juan Luis Florido y Amílcar Velásquez Zárate.
Decreto número 40-94 Ley Orgánica del Ministerio Público, artículo 19: «El Congreso de la República, una vez nombrado el Fiscal General, elegirá a tres miembros (para el Consejo del Ministerio Público) de entre los postulados a dicho cargo, para el período que corresponda […]».
En su informe de 2007 sobre Guatemala, el Departamento de Estado de los Estados Unidos señala: «La mayoría de delitos serios no fueron investigados o castigados. Menos del 3% de los delitos reportados fueron procesados y mucho menos fueron objeto de condenas […] Hubo muchos informes sobre corrupción, ineficacia y manipulación de la judicatura, jueces, fiscales, demandantes y testigos».
Centro de Solidaridad, «La lucha para los derechos laborales en Guatemala», informe 2008.
Aníbal García
Diputado independiente