La violencia e inseguridad son flagelos que no son nuevos, pero que al inicio del año la baja en los crímenes generaba esperanza en la población, contrario a los últimos meses, donde los asesinatos se disparan y vuelven a causar angustia, principalmente en los deudos que lloran a sus familiares.

El Gobierno, por aparte, refiere que sigue trabajando para que cuando concluya su administración, logre reducir el 25 por ciento de criminalidad.

“Asalto a vendedores  de tarjetas telefónicas en Acatenango, Chimaltenango, deja una persona fallecida”. “Siete personas muertas es el saldo de un ataque armado en la zona 15”. “Matan a balazos a trabajador del Sistema Penitenciario en zona 2”. “Asesinan a adolescente por no pagar la extorsión en la zona 21”. Estos son solo algunos hechos de violencia ocurridos en los últimos meses del año que está por concluir; el problema continúa como uno de los temas pendientes de resolver prometidos en la campaña del Gobierno.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), hasta el mes de octubre se cuantifican 4 mil 202 muertes violentas, 3 mil 776 por arma de fuego y 426 por arma blanca.

Según la estadística, e informes del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) octubre –453 muertes violentas– se ubica como uno de los meses más violentos del año, mientras que noviembre se percibe similar al mes anterior.

Si bien es cierto, según el Inacif, se reporta un descenso de 245 muertes violentas en comparación con el año pasado, hasta el décimo mes del año, pues se cuantificaba un total de 4 mil 447, por arma de fuego y blanca.

Los departamentos con mayores índices de violencia se concentran en Guatemala, Escuintla y Chiquimula.

Los móviles de los crímenes están vinculados con venganzas, crímenes contra el patrimonio, extorsiones, balas perdidas, según información del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC).

Lorena Escobar, analista de seguridad y justicia, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), explica que los crímenes deben analizarse para identificar la causa que los origina; cuando se conozca esto, se debe coordinar con las instancias permanentes para erradicar los flagelos, dice.

“Puede ser que aún estemos a tiempo de valorar e identificar cuáles son las acciones positivas para reforzarlas. Todos anhelamos no tener el récord alto a nivel mundial y latinoamericano en cuanto a homicidios; se requiere de mucha coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia y el Consejo Nacional de Seguridad”, explica la experta.

De acuerdo con la entrevistada, las autoridades deben ser congruentes con su discurso y priorizar recursos, según las necesidades del país.

“Debe coincidir el discurso de los políticos con las prioridades y la dotación de recursos económicos, que permite obtener recursos financieros y tecnológicos en las instituciones del Estado; apostarle a la seguridad y a la justicia también requiere de apostar dinero en el Ministerio de Gobernación (Mingob); no refleja en el presupuesto que fue aprobado para el próximo año un aumento significativo en el tema de seguridad, apenas en un 5 por ciento”, dice.

Francisco Cuevas, secretario de Comunicación Social del oficialismo, por aparte, indicó que se unifican esfuerzos para erradicar la criminalidad y se han tomado acciones para enfrentarla.

“Se están haciendo muchos esfuerzos, mucho trabajo, se espera cerrar el año con un nuevo rubro de policías, se han corregido algunas fallas serias en los procedimientos de seguridad pública, se están haciendo ajustes y a partir de la próxima semana se van a empezar a ver resultados palpables y uno de estos lo representa la misma zona 18 que era considerada con un alto nivel de ataques, cifras alarmantes en violencia”, dice Cuevas.

Según el funcionario los crímenes ocurridos recientemente se derivan por problemas entre grupos de narcotraficantes, lo cual es distinto a la criminalidad común.

“Nosotros no creemos que haya subido, se han dado algunos hechos muy focalizados; en el caso de la zona 15 es un hecho de los grupos criminales dedicados al narcotráfico, y en el caso de los 5 muertos en Escuintla, son hechos vinculados con el crimen organizado, particularmente del narcotráfico, hay que diferenciar los hechos violentos derivado de  la confrontación de estos grupos y la criminalidad común y corriente que se genera en los países”, dice.

Cuevas concluyó en que no pretenden justificar la situación, más bien, trabajan para reducir un 25 por ciento de criminalidad.

“Nosotros no buscamos justificar, sino accionar para que este ambiente de paz, que es uno de los objetivos que están en el plan de seguridad, justicia y paz, se puedan alcanzar y puedan ser ampliamente visibles y de beneficio para la seguridad guatemalteca. La meta de los cuatro años en total de la gestión es reducir el 25 por ciento de la criminalidad. Este año hemos avanzado, hay una enorme diferencia entre la administración pasada y esta, se ha logrado aun cuando las condiciones en las que quedaron los presidios, las instituciones de seguridad pública y las mismas instituciones dedicadas a combatir la criminalidad, era alarmante”, dijo.