Diferentes reacciones causó la resolución emitida por el juez del Juzgado Décimo del Ramo Penal, Walter Villatoro, cuando dejó a los exministros Salvador Gándara y Raúl Velásquez exentos provisionalmente del caso que los acusaba por la estafa en la construcción de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, ubicada en la Finca Pavón al este de la ciudad capital, que manejó la adjudicación de Q17.5 millones para la empresa Fundtech.

Carmen Aída Ibarra del Movimiento Pro Justicia sostiene que “este tipo de resoluciones despiertan varias preguntas, ¿estará el MP y la Cicig, argumentando bien sus acusaciones?, en general el mensaje que se le da a la población es de que en Guatemala prevalece la impunidad”.

Asimismo, Marco Antonio Canteo, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, dice “en un sistema democrático hay que respetar la decisión del juez que analizó el peso de las pruebas presentadas, este tipo de situaciones dejan un mal mensaje a la población de que en el país es tierra de nadie, sin embargo, no es culpa precisamente del juez sino que es la realidad de todo el Sistema de Justicia que no funciona como debería”.

Cynthia del Águila, coordinadora de Asíes, “no respetamos la decisión del juez independientemente de sus consideraciones, este caso ya había pasado muchos proceso y lamentamos que se haya dejado por un lado en este punto”.

EL CASO FRAIJANES II

Villatoro decidió suspender provisionalmente el caso, con base a una resolución de la  Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la cual dictaminó que antes de continuar el caso penal debe agotarse el mismo por la vía administrativa.

Ambos exfuncionarios que fungieron en el gobierno de Óscar Berger fueron beneficiados, Raúl Velásquez, quien guardaba prisión desde el 12 de enero de 2011 fue puesto en libertad, al igual que los empresarios implicados  Rodrigo Lainfiesta Rímula y Juan Diego Cajas Rímula.

Salvador Gándara ya no tendrá obligación de cumplir con arresto domiciliar ni firmar libro del juzgado periódicamente y Lainfiesta Rímula mantendrá la fianza impuesta de Q15 millones impuesta hace dos años.