Un día de estos me visitó un joven universitario que está por culminar sus estudios superiores, para consultarme acerca de determinados asuntos que contempla la investigación que realiza. En un momento dado e intentando disimular su ofuscación reveló que era hijo de un diputado al Congreso, como yo lo había intuido en la conversación que sosteníamos.
Se mostraba azorado, pero al tomarme confianza y confiado de que al publicar un artículo en torno a los sordos conflictos que afronta en lo atinente a sus relaciones con sus condiscípulos, pero especialmente en su hogar y su fuero interno, yo no lo identificaría, se explayó conmigo.
Naturalmente que no mencionaré su nombre ni el de su progenitor para no provocarle más problemas, y si abordo el caso es porque me imagino que así como el muchacho que he asesorado hay otros jóvenes de uno y otro sexo que por ser hijos de parlamentarios son objeto de burlas y escarnios de parte de sus compañeros de estudio o de trabajo, incluso de vecinos y hasta de familiares lejanos, a causa de las bochornosas actuaciones de sus padres.
Al notar la turbación del aludido estudiante me preguntaba si los diputados que son señalados de pícaros, mañosos y otros epítetos que por respeto a ciertas damiselas me abstengo de anotar, no sienten el menor remordimiento y la más vaga sensación de menosprecio de parte de la inmensa mayoría de guatemaltecos medianamente educados, especialmente de la capital y de otros centros urbanos, como consecuencia de sus repudiados actos, que presumo no había ocurrido en legislaturas anteriores.
Lo más penoso es que el ciudadano común y corriente no hace distinciones entre unos pocos legisladores que no se han contaminado de la ambición y la codicia que caracteriza al resto de congresistas, al margen de la bancada o partido político en que militen, y de ahí que es común escuchar en cualquier sitio en el que salga a colación el Organismo Legislativo que se lancen denuestos en contra de la generalidad de los representantes, incluyendo a diputadas que en épocas recientes aún eran consideradas la excepción de la regla; pero que en estos días se publican sus nombres entre quienes se aprovechan de su estatus político para sacar ventajas personales hasta para pagar almuerzos en los llamados restaurantes de comida rápida.
Cuando ya parecía que los diputados más cuerudos y ajenos a elementales principios y valores de cualquier familia guatemalteca que se precie de decente, ya habían llegado al sótano de la infamia, resulta que se frenó la promulgación de la Ley Penal contra el Enriquecimiento Ilícito por haberse presentado supuestas enmiendas al texto que se discutía, pero no avaladas con rúbricas y nombres fidedignos, sino mediante firmas ilegibles que muchos han llamado garabatos, ante la indolencia, por no decir complicidad de ese individuo que preside el Congreso, y que constituye una muestra de la ruindad a la que han descendido, además de ser signo de cobardía.
Si en algún momento de la historia contemporánea de Guatemala era honroso ostentar la calidad de dignatario de la nación, en la actualidad, con las poquísimas y conocidas exclusiones, identificarse como diputado equivale a ser blanco de determinadas adjetivos que yo mismo no puedo ni debo dejar apuntado en este espacio porque este artículo eventualmente podrían leerlo menores de edad.
Con justa razón el universitario que me visitó prefiere el anonimato antes de que se sepa la actividad a la que se dedica su padre.
(Un joven le confía a Romualdo Tishudo:-Fijate que mi novia sabe que un hermano mío es marero, que otro está preso, mi papá es drogadicto y mi hermana es dama de compañía; pero lo que no me atrevo a decirle es que mi único tío es diputado).