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El presidente del comité judicial, Bob Goodlatte, y el legislador nacido en Puerto Rico Raúl Labrador expresaron en eventos separados que los inmigrantes sin papeles podrían optar a la residencia permanente —paso previo a la naturalización— una vez que obtengan un estatus provisional al aportar sus datos biométricos a las autoridades.

«Tener un sistema en el que tienes un estatus legal y luego tienes otra oportunidad, ya sea por vínculos laborales o familiares, de poder legalizar tu estatus en el futuro, esas son buenas oportunidades que podríamos evaluar», dijo Goodlatte durante un desayuno en el diario Christian Science Monitor.

Goodlatte también se refirió a la posibilidad de eliminar la prohibición de volver a Estados Unidos durante 10 a años a quienes permanezcan sin papeles durante tres años.

«Si abordar algún tipo de reforma de ese aspecto puedes brindar a la gente una oportunidad que no tienen ahora», indicó.

Labrador por su parte indicó que «podemos decir en la legislación que antes de que alguien reciba beneficio alguno, estas metas objetivas deben alcanzarse. Si no se alcanzan, nadie comienza a recibir beneficios», refiriéndose a las condiciones de los republicanos para aumentar la seguridad fronteriza.

«Ya que el presidente (Obama) tiene una amnistía migratoria de facto, asegurémonos de que el Congreso haga algo para crear un sistema que funcione», indicó el ex abogado migratorio refiriéndose a la suspensión vía administrativa de las deportaciones de algunos inmigrantes menores de 30 años que emitió la Casa Blanca el año pasado.

«Estoy tratando de comunicarme con la Patrulla Fronteriza y preguntarles cuáles indicadores objetivos necesitan ver en un proyecto de ley para que se sienta cómodo de que podrá contar con las herramientas necesarias para aplicar las leyes»; agregó. «En esto es que los conservadores podemos realmente salir ganando en este debate».

Ambos legisladores se habían pronunciado categóricamente en contra de cualquier manera para que los inmigrantes sin papeles se naturalicen.

Goodlatte preside el comité judicial, que debe someter a votación cualquier proyecto de ley que surja del grupo bipartidista que negocia en secreto un proyecto de ley de reforma en la cámara baja.

Labrador integra también el comité y sus copartidarios se han referido a él como líder conservador en las negociaciones sobre inmigración.

Las negociaciones en la cámara baja coinciden con un grupo bipartidista de ocho senadores que planea tener un proyecto de ley de reforma migratoria en marzo.

La propuesta del Senado busca condicionar la opción a la naturalización a una certificación de que la seguridad en la frontera ha aumentado, en una espera que ellos estiman de 10 años, la cual es excesiva según activistas.

El presidente Barack Obama espera firmar una reforma migratoria durante el primer semestre del 2013, y ha dicho que si no ve un progreso satisfactorio en el Senado presentará una propuesta propia.

El también republicano Thomas Massie se mostró a favor de una reforma migratoria  que aumente la seguridad fronteriza, no premie a quienes violen las leyes y no ofrezca incentivos de prestaciones sociales.

«Si resuelves esas tres cosas, incluso las asambleas más conservadoras del Rea Party a las que he asistido entienden que no puedes poner en camiones a 12 millones de personas y enviarlas a casa. Eso no funcionará», indicó el representante por Kentucky.

Durante una audiencia del subcomité judicial de la cámara baja sobre el e-verify —una base de datos del gobierno federal que los patronos pueden consultar de manera voluntaria para verificar que sus empleados están autorizados para trabajar en Estados Unidos—el republicano Goodlatte se expresó a favor de darle carácter obligatorio pero advirtió que el sistema necesita aumentar su confiabilidad, que le ha generado numerosas críticas desde su creación en 1996.

El demócrata Luis Gutiérrez calificó la conversación sobre la verificación de empleados como «más realista y fructífera» porque «los republicanos han vuelto a la mesa deseosos de hablar sinceramente sobre cómo avanzar».

El demócrata Joe García, integrante del comité judicial, dijo a AP que ve «coincidencias» con los republicanos sobre la opción a la naturalización para los inmigrantes no autorizados.

«No tenemos que burlarnos sobre su cambio de postura. Tenemos que apreciar esa evolución. Nos sentimos agradados. Así es como debe funcionar el proceso legislativo», dijo García a AP.

El también demócrata Raúl Grijalva se pronunció a favor de una reforma migratoria que «comience a unir a nuestras familias».

Si la seguridad fronteriza «es el requisito para una reforma migratoria, entonces hágalo de una manera que permita a los inmigrantes y sus familias a mirar a un organismo gubernamental que sea transparente», dijo refiriéndose a la Patrulla Fronteriza.

Al finalizar una visita oficial de varios días a Estados Unidos, el canciller guatemalteco Luis Fernando Carrera dijo a AP que los 12 consulados de su país adelantarán un operativo en las próximas semanas para mejorar la seguridad al renovar pasaportes.

El operativo buscará también aumentar la inscripción en registros civiles guatemaltecos de niños nacidos en Estados Unidos con parientes guatemaltecos sin papeles que puedan beneficiarse de una posible reforma migratoria.

Carrera se reunió con organizaciones comunitarias en el sur de California, a las que dijo haber subrayado la importancia de que potenciales beneficiarios de una reforma migratoria ahorren lo suficiente para pagar una multa e impuestos atrasados y también eviten incurrir en los delitos que con mayor frecuencia le origina prontuario criminal a los guatemaltecos en Estados Unidos: accidentes viales por influencia del alcohol y violencia intrafamiliar.