Necesariamente debo repetir conceptos en este texto porque abordo un asunto que he enfocado en anteriores oportunidades; pero que considero que es necesario insistir ante la fragilidad del sistema político imperante, la incapacidad del Congreso para realizar la función esencial que le corresponde, la extendida corrupción en todas las instancias del Estado y los compromisos del gobierno del presidente Pérez Molina con las clases dominantes, mientras la mayoría de la población, especialmente los sectores rurales, incluyendo campesinos, indígenas y clases populares en general apenas logran sobrevivir, todo lo cual se conjuga para que nos encontremos al borde de un Estado fallido.
La presunta, eventual si no imposible solución al grado de ingobernabilidad que se ha llegado, la han propuesto analistas políticos de reconocida reputación en el pequeño círculo de guatemaltecos que se concentran en los mismos núcleos del poder, al señalar que para salir de este atolladero en que nos ha metido la desgastada, insolente e inútil casta política, consiste en lograr la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, como si esos investigadores de alto rango ignoraran que los que legalmente están llamados a convocar y alcanzar las modificaciones que se especulan, son los mismos responsables de la corrupción, la deshonestidad, el transfuguismo, la incrustación del crimen organizado en las esferas estatales de todas las escalas y otros fenómenos sociales y económicos que han orillado a los guatemaltecos a la frustración y el escepticismo.
Es imposible esperar que los propietarios de los partidos políticos, coaligados con minúsculos grupos que se han alternado en el manejo de la administración pública en todas sus esferas, los poderosos financistas que forman parte de la plutocracia que, en realidad, es la que toma las decisiones más importantes a escala nacional, y muchos de los inversionistas extranjeros, especialmente quienes se dedican a las industrias extractivas, no se opongan a que se realicen transformaciones radicales que persigan echar de sus cargos a diputados ladrones y desvergonzados, a funcionarios corrompidos, a operadores de justicia comprados por el crimen organizado.
Han transcurrido dos años del actual régimen, y como sucedió con los gobiernos que le antecedieron, las promesas electorales atinentes a transparentar los negocios estatales, a eliminar la corrupción, a defender los intereses de la nación, a resguardar los derechos de las comunidades, a respetar normas constitucionales y leyes subordinadas, en fin, a exterminar la delincuencia que se ha apoderado de los organismos del Estado y otras instituciones públicas, no lograron tan solo tomar vuelo, sino que, al contrario, los vicios administrativos, el desenfreno del gasto público, el enriquecimiento ilícito de dignatarios y otras tantas depravaciones se han profundizado y ampliado, todo lo cual merece que los guatemaltecos que no han perdido la dignidad ni el decoro se pongan a la vanguardia de un masivo movimiento encaminado a no participar en las próximas elecciones, ni siquiera para depositar la papeleta en blanco o anular su voto, a fin de restarle un mínimo de credibilidad a los políticos de todo signo que resulten elegidos por una minoría cobarde, inconsciente, indiferente y cómplice involuntaria de que Guatemala se convierta abierta y descaradamente en una República de bandoleros.
(Advierte el analista Romualdo Tishudo que de cara a las actuales circunstancias y los pesimistas presagios, sería deshonesto, hipócrita y absurdo esperar feliz año 2014 para los guatemaltecos en general, excepto a los pícaros funcionarios que se enriquecen ilícitamente).