Andrés Sánchez, representante adjunto del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas, realizó una gira de trabajo en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, para verificar el cumplimiento del respeto de los derechos humanos en el lugar.

De acuerdo con la información generada, la visita de Sánchez se debió a las demandas que los pobladores del lugar hicieran. El representante de la ONU se reunirá con habitantes y el Ejército, para conversar sobre la situación.

Cándido López, alcalde de Santa Cruz Barillas, señaló que en el lugar hay “malos líderes”, que han empujado a la población al conflicto con la autoridad.

DENUNCIAS

La Coordinadora y Convergencia Nacional Maya, Waqib’ Kej, denunció que en Santa Cruz Barillas continúa habiendo anomalías, y se solidarizaron con la familia de Andrés Francisco Miguel, líder comunitario, quien fuera asesinado por negarse a vender sus tierras.

“Consideramos que el estado de sitio es una medida que beneficia a la empresa hidroeléctrica Santa Cruz Sociedad Anónima y da lugar a que en otras regiones del país las empresas transnacionales inicien sus operaciones a través de amenazas y con el apoyo de las instituciones del Estado y, al mismo tiempo, que dan falsos mensajes a la sociedad guatemalteca que las comunidades están vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico”, señalaron a través de un comunicado.

La Convergencia Nacional Maya denunció que hay al menos 17 personas capturadas, y temen por lo que pueden estar sufriendo en la cárcel, incluso dudando de que aún estén allí.

“Ante esta preocupante situación que están viviendo las familias de Santa Cruz Barillas, exigimos al Gobierno que se detenga la construcción de la hidroeléctrica que ha generado los actuales conflictos sociales en ese municipio, y que se levante de inmediato el estado de sitio que mantiene en zozobra a la población”, indicaron.

También piden el acompañamiento de organizaciones internacionales, así como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU (que ya se había hecho presente), así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que vigilen las medidas de hecho que está implementado el Gobierno.

“A todas las organizaciones indígenas, campesinas y populares, las llamamos a rechazar la represión desmedida y el terror, así como la criminalización y persecución que las autoridades de Gobierno están ejerciendo sobre mujeres, ancianos y niños”, concluyeron.