La suspensión del transporte de carga pesada, que detuvo durante tres días a cientos de camiones, furgones y contenedores, dejó pérdidas millonarias en la economía nacional.
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La Cámara del Agro contabilizó pérdidas cercanas a los US$20 millones en productos perecederos, entre ellos varios contenedores de banano para la exportación que no llegaron oportunamente a los puertos.
Carlos Zúñiga, presidente de la Cámara del Agro, expresó su beneplácito por la decisión del Gobierno para decretar el Estado de Prevención, que motivó el cese al paro de los transportistas.
La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), consideró pérdidas de Q200 millones en cada día de suspensión del transporte, que en total sumó Q600 millones en los tres días de protesta.
Javier Zepeda, presidente de la entidad, señaló que la irregularidad en los procesos de exportación e importación de productos tuvo impactos en los contratos que se tienen en el extranjero.
Los directivos de las organizaciones coincidieron en al necesidad de que se implementen planes concretos para que las actividades productivas se desarrollen con normalidad y se eviten pérdidas que impactan con gravedad a los productores.
La mayoría de la población conoce ya sobre la disolución de la protesta de los camioneros, la cual requirió una acción legal de parte del gobierno, la cual se ejerció con el primer Decreto Gubernativo de este gobierno y del año.
También es sabido que en la mayoría de departamentos empezaba a reinar con esmero, la anarquía.
Aunque el Estado de Prevención es el más sencillo de los que contempla la Constitución Política de la República y la Ley de Orden Público, es necesario notar que se empezaron a limitar ciertos derechos que tiene la sociedad, descritos en el decreto que hizo público el presidente Colom.
El plazo de 15 días de dicho estado sigue corriendo y conlleva poder intervenir los servicios públicos, siempre que haya oposición de prestarlos, limitación a portar armas de fuego, limitación de reuniones públicas, estacionar vehículos en lugares de trabajo o en sitios que la Policía Nacional Civil considere sospechosos.
El vocero de la Corte Suprema de Justicia Guillermo Melgar ilustró que este estado de limitación de derechos ciudadanos es el más benigno. La gente tiene que tener claro que son cinco estados de excepción y para pasar de uno a otro las autoridades del Ejecutivo no necesitan la intervención del Congreso. La población tiene que considerar que este estado es a nivel nacional y poner mucha atención, en cuanto a su comportamiento.
No se debe perder de vista que ahora la PNC si apresa a algún sospechoso lo debe trasladar a los separos policíacos como es normal en otros casos y ponerlo a disposición de juez, quien ya no sólo observará lo que manda el Código Penal sino la interpretación del decreto 1-2008 dispuesto por el Presidente en Consejo de Ministros.
Si existen reuniones de grupos en las calles la policía tiene toda la libertad de disolverlos, los pilotos o propietarios de buses urbanos o extraurbanos que no los quieran poner a funcionar también pueden ser intervenidos.
Lo más delicado es que la prohibición de no portar armas es para aquellos, que aunque posean licencias, durante estos 15 días, no las pueden portar.
La pregunta que queda abierta es, ¿qué pasará con agentes de empresas privadas de seguridad, aquellos que es normal ver por las calles portando sus armas en motocicletas, durante custodias en propiedad privada o de personas?