La pena de muerte es la más grave de todas las penas en cualquier sistema criminal de justicia, porque le otorga poder a un ser humano por sobre otro, con una base legal, de quitarle la vida, derivado de la presunción demostrada de cometer hechos terribles e imposibles de enmendar. Sin embargo, tomar la decisión requiere no solo de mente fría, sino de un corazón totalmente entendido que no existe duda en alguna solución alternativa.

Durante años, no solo por formación familiar y profesional, sino por convicción propia, he considerado nocivo el concepto de la pena de muerte, entendiendo que las personas antisociales que son juzgadas y que reciben las penas terribles de cárcel y de muerte, son aquellas que por circunstancias no exclusivamente atribuidas a ellas, se han convertido en una amenaza de la sociedad, pero principalmente por alguna desatención atribuible al propio Estado.  Así, encontramos que los casos recurrentes de comisión de delitos los hacen personas que recibieron abusos por parte de otras personas, o bien que tienen un trauma o desviación mental que de nacimiento o por un trastorno durante su vida, no lo pudieron aliviar y la única forma de liberarlo es cometiendo delitos. Para ellos, la sanción a imponer debe ser siempre justa y fuerte.  Dentro de estos aspectos está la pena de muerte, siendo ésta cuando la sociedad ha manifestado un descontento tan alto, que imposibilita seguir en contacto con esa persona.  Es la comparación quizá, con el ostracismo que se practicaba en épocas antiguas, en donde la vergüenza por cometer ciertos hechos, y ser sancionado públicamente por ellos, hacía imposible a la sociedad de perdonarlo, y por ende lo expulsaba de su territorio.  Sin embargo, la pena de muerte conlleva que esta persona no pueda seguir viviendo cerca o lejos de esa sociedad que lo condena, y con ello hace que se termine una vida, la cual Dios le entregó al momento de permitir su nacimiento.

Luego de conocer la reciente matanza de Connecticut, se hace necesario repensar en esos criterios, al ser imposible para una mente racional, considerar que quienes puedan realizar estos hechos criminales puedan ser juzgados bajo otro parámetro que no sea el de la pena de muerte.  Similares circunstancias pasan en los atentados terroristas, en donde las víctimas casi siempre son ajenas a las circunstancias políticas que pudieran motivar a estos asesinos a realizar acciones para infundir el miedo.  Pero al igual que quienes matan niños inocentes en escuelas, o hacen estallar bombas en distritos llenos de personas, su tratamiento no solo debe ser especial, sino su castigo debe ser ejemplar.  Por fortuna, en una mayoría de los casos, quienes cometen estos hechos, o se quitan la vida ellos mismos, o enfrentan a una fuerza de seguridad del Estado que está obligada a una protección que termina con la vida de los agresores.  Así, el Sistema de Justicia se quita un gran peso de encima.

La vida, la libertad y la integridad son valores tan importantes para cada persona y para toda  una sociedad, que pensar en imponer la pena de muerte, aunque mine las estructuras tradicionales de nuestro ser, hace obligado el análisis particular de cada caso, y orientar a que estas personas quizá no tengan cura en cuanto a su desviación psicológica, o bien reciben un castigo merecido por sus actos; lo que sí es cierto es que alejan el riesgo y disminuyen el miedo, de una nueva acción de similares dimensiones. Repensar la pena de muerte no debe ser la única tarea de la sociedad, sino regresar a esas causas que originan los desórdenes de sus miembros, para prevenir, en la medida de lo posible, las reacciones antisociales en el futuro.