La próxima repatriación de 700 gitanos rumanos y búlgaros que se encuentran indocumentados en Francia está siendo cada vez más criticada en Bulgaria y Rumania, cuyo canciller teme «reacciones xenófobas» en varios países de Europa.
«Expreso mi preocupación por los riesgos de derrape populista y de reacciones xenófobas en un contexto de crisis económica», declaró a Radio France Internationale (RFI) el ministro de Relaciones Exteriores rumano, Teodor Baconschi, quien calificó de «expulsiones» dichas repatriaciones.
«Si intercambiamos acusaciones o criminalizamos colectivamente a grupos étnicos (…), en lugar de encontrar soluciones, generamos tensiones», agregó Baconschi.
Las medidas decididas contra los gitanos en situación irregular son «plenamente conformes a las reglas europeas», aseguró un portavoz de la cancillería francesa.
Al ser interrogado sobre las preocupaciones del ministro rumano, el portavoz respondió que «era importante subrayar la cooperación que se pone en marcha» entre París y Bucarest.
Por su lado, la Comisión Europea recordó que Francia «debe respetar las reglas» sobre la libertad de circulación y la instalación de ciudadanos europeos. Bruselas sigue «muy atentamente» la situación, precisó.
Para el diario de oposición búlgaro Sega, «está todo listo para llevar a cabo la mayor deportación oficial en Europa desde la Segunda Guerra Mundial», la cual podría afectar a «miles de personas», estimó el periódico.
La especialista de los gitanos de Europa Central y Oriental en la Academia de Ciencias búlgara, Ilona Tomova, afirmó estar «entristecida al ver que Francia, símbolo de la democracia (…) echa una mano a quienes mancillan» a los cíngaros.
Francia prevé repatriar «antes de fin de mes» a unos 700 gitanos indocumentados a Rumania y Bulgaria en el marco de un plan de «regreso voluntario» a sus países de origen, una decisión que agudizó también en Francia la polémica por la política de seguridad del gobierno.
Setenta y nueve gitanos, que aceptaron acogerse a un plan de ayuda a su «regreso voluntario» de 300 euros por adulto y 100 euros por menor, serán repatriados el jueves desde Francia a Bucarest, anunció el martes el ministro francés de Inmigración e Identidad Nacional, Eric Besson.
Sin embargo, estas personas, miembros de la Unión Europea (UE), podrán regresar a Francia sin visado y quedarse durante tres meses sin justificación.
Unas 400.000 personas, francesas en un 95%, forman parte de la comunidad gitana en Francia. El resto está formado por personas de origen búlgaro, rumano y de otros países balcánicos, cuyo número va en constante aumento, según el gobierno.
En julio pasado, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, había estimado que los disturbios callejeros consecutivos a la muerte de un joven gitano, ultimado por un gendarme, mostraban «los problemas que plantean la conducta de algunos gitanos».
Sarkozy anunció prácticamente al mismo tiempo una «verdadera guerra» contra la «criminalidad».
Poco después, tras una polémica reunión dedicada a los gitanos en la que participaron altas autoridades francesas, el gobierno afirmó que la mitad de los campamentos ilegales de gitanos en Francia serían desmantelados en un plazo de tres meses.
La ONU criticó con severidad a Francia por establecer una relación entre inmigración e inseguridad, mientras que la izquierda francesa acusó al gobierno de derecha de promover un «racismo de Estado».