Dos reos recién condenados a prisión desistieron de la apelación en su proceso debido a que la Defensa Pública «no tiene fondos para asistirlos» y no cuentan con fondos para pagar un abogado particular.
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Mario Raúl Hernández y Roni Humberto González fueron condenados a nueve años de prisión por el delito de violación; apelaron la sentencia y posteriormente desistieron de la misma.
El memorial presentado en el Tribunal Cuarto de Sentencia detalla: «No tenemos dinero para pagar los honorarios de un Notario y la defensa pública (sic) no tiene presupuesto para eso», refieren los condenados.
Sin embargo, Anabela Bárcenas, del Instituto de la Defensa Pública Penal, indicó que en esta institución «no se ha dejado de prestar el servicio a ninguna persona, pese a los recortes presupuestarios».
Bárcenas explicó que en muchos casos los reos desisten de la apelación (presentada de oficio por la defensa, según indicó) porque están conformes con la sentencia y que en esos casos, los defensores públicos dan seguimiento al desistimiento.
Aunque Bárcenas reconoció que los argumentos vertidos en el memorial podrían parecer contradictorios, insistió en que el IDPP está prestando el servicio a quienes lo soliciten.
Benito Morales, analista de temas jurídicos, consideró que el memorial constituye un acto ilegal porque «no se puede dejar de ninguna manera en estado de indefensa a una persona sujeta a proceso penal y esa es función de la Defensa Pública», indicó.
A criterio del jurista, el tribunal Cuarto debería rechazar esa solicitud, ya que además de ilegal, falta a la ética profesional de parte de la persona que auxilia ese memorial, indicó, y reiteró que Defensa Pública tienen mandato y obligación porque es un derecho inherente a cualquier persona.