No deja de ser una situación muy especial que el Consejo Nacional de íreas Protegidas, creado en 1989 según decreto 4-89 como una dependencia de la Presidencia de la República, presentara una acción de inconstitucionalidad en contra de una resolución del mismo Presidente de la República que decidió beneficiar a la petrolera PERENCO con una prórroga para continuar explotando ese recurso en la Laguna del Tigre, una de las más importantes áreas protegidas de Guatemala. Pero aparentemente la acción está sumamente fundamentada y tanto es así­ que el abogado a cargo del litigio ha dicho que llevarán el caso a una Corte Internacional en caso de que la CC no la declare con lugar, con lo que se avizora ya una larga lucha.

Puede entenderse, entonces, que la presidencia haya pedido la renuncia a la licenciada Claudia Santizo por haber accionado en contra del mismo Presidente en este caso. Pero contrasta la diligencia mostrada por el Gobierno para sancionar a la titular del Conap con la tolerancia mostrada en el caso del Viceministro de Comunicaciones que fue nombrado y tomó posesión pese a existir una clara y evidente prohibición constitucional que se han pasado por el arco del triunfo con el simple argumento de que el mandato no se revocó por un error del Registro Mercantil, no obstante que ya quedó demostrada la falsedad de la afirmación.

Y es que seguimos viviendo en un sistema en el que se aplican raseros diferentes porque prevalece aquello de que «para mis enemigos, la ley y para mis amigos, todo», vieja frase que algunos atribuyen a Porfirio Dí­az, dictador mexicano de principios del siglo pasado.

La Secretaria Ejecutiva del Conap actuó en defensa de los intereses nacionales, como corresponderí­a a cualquier funcionario público que debe lealtad más a la Constitución que al gobierno de turno. Pero eso no se entiende en nuestro medio porque el juramento de fidelidad a la Constitución es algo totalmente vací­o, sobre todo si se contrasta con la fidelidad y lealtad que el empleado público le debe a quien lo nombra. No es común, desde luego, que alguien como la Secretaria Ejecutiva del Conap, anteponga los intereses nacionales a los intereses del Gobierno de turno y menos que se atreva a desafiar la autoridad presidencial o, como ocurre en este gobierno, de la esposa del Presidente. El empleado público es visto no como un servidor de la nación, sino como un súbdito al servicio de los gobernantes por quienes debe hacer cualquier cosa.

La Constitución, sin embargo, establece que nadie está obligado a acatar órdenes ilegales y el Conap no está resistiéndose a la autoridad presidencial, sino agotando el procedimiento legal para que la Corte de Constitucionalidad conozca los argumentos que fundamentan la acción para objetar lo dispuesto por el Presidente. No hay resistencia de hecho, sino la intención de lograr un veredicto de los órganos competentes para decidir si la prórroga está en realidad fundada en ley y no violenta ninguna norma constitucional o de la legislación ordinaria en cuanto a la protección del medio ambiente y concretamente de las áreas protegidas que, además, están preservadas por convenios internacionales que el paí­s tiene que honrar.