Simon vinculó su dimisión a la crisis amazónica que dejó 34 muertos en junio, según una carta dirigida al presidente peruano divulgada por la agencia estatal Andina el mismo día que el país sufría una nueva ola de tensión social
«Le reitero mi renuncia irrevocable», señala Simon en la misiva fechada el 8 de julio, al día siguiente de conocerse que el presidente Alan García designará a un nuevo jefe de gabinete el fin de semana.
La jornada de protestas estuvo marcada por cortes de rutas en provincias del sureste andino, donde las huelgas se sintieron con más fuerza en ciudades como Ayacucho, Cusco y Arequipa.
Las protestas se producen en momentos en que existen en el país 226 conflictos sociales «activos», según la Defensoría del Pueblo, que subrayó que el más grave de ellos fue el que enfrentó al gobierno con los indígenas amazónicos en junio, y que concluyó con la muerte de 24 policías y 10 nativos.
Este conflicto provocó una crisis política por la cual Simon anunció entonces que renunciaría y que ha derivado en el anuncio del presidente García de designar el fin de semana a un nuevo jefe de gabinete, pero detonó además protestas regionales y sindicales.
Un sector de los transportistas inició un paro de 48 horas a nivel nacional, que afectó parcialmente las actividades en la capital, aunque se siente con mayor fuerza en provincias, al norte y sur del país, según reportes policiales.
La policía elevó a 156 personas el total de personas detenidas en todo el país por bloquear con piedras y clavos arterias en Lima y otras ciudades, donde además quemaban neumáticos.
El paro de transporte coincide con una jornada de protesta convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP, izquierda), que realizó un mitin en Lima con unas 2.500 personas por la tarde.
La central demanda el cambio de la política económica del gobierno, la derogación de decretos que criminalizan la protesta social, aumento de sueldos y atención a las demandas de las distintas regiones del país.
En el caso de los transportistas rechazan un reglamento que impone severas sanciones a infractores de normas de tránsito, dijo el dirigente Félix Gómez, quien añadió que el gremio no se opone a las multas sino a que sus montos han sido triplicados y cuadruplicados.
En Cusco (sureste), la empresa Perú Rail suspendió el servicio de trenes hacia el santuario arqueológico de Machu Picchu, principal atracción turística del país, como medida de protección a los turistas extranjeros.
El gobierno desplegó 32.000 policías y 6.000 militares al decidir la intervención de las fuerzas armadas en todo el país en apoyo a la labor policial. Grupos de soldados resguardaban empresas públicas y estratégicas arterias de Lima.
Las actividades escolares también quedaron paralizadas por un paro nacional de 24 horas decretado por el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación.
El gobierno ha reiterado que las protestas son parte de una «conspiración internacional» de sectores radicalizados, que estarían apoyados por los gobiernos de Venezuela y Bolivia.
En Lima se colocaron carteles con el lema «no al paro chavista», pero la CGTP rechaza la acusación y sostiene que «hay una incapacidad real del gobierno para solucionar los problemas» de la gente.