Entendemos y valoramos el sentido de la interpelación como instrumento de control en un sistema semiparlamentario como el que se define en nuestra Constitución Política para hacer efectivo el sistema de pesos y contrapesos necesario en el funcionamiento de la República. Sin embargo, ahora que se llega al final del período ordinario de sesiones de la legislatura y se evidencia el nulo rendimiento que ha tenido el Congreso, aun desatendiendo cuestiones fundamentales para la marcha de los asuntos públicos, no puede postergarse más la decisión para normar adecuadamente ese derecho de los representantes de manera que el Organismo Legislativo pueda cumplir con sus otras finalidades.

Para efectos prácticos la República de Guatemala está funcionando con únicamente dos poderes del Estado en vez de los tres que lo conforman y eso no puede continuar así. Porque ni siquiera con la interpelación se está logrando algún objetivo concreto toda vez que se trata de una componenda entre bloques para perder el tiempo y evadir la discusión de la agenda legislativa. No se puede señalar únicamente al bloque interpelante de responsabilidad, porque al final de cuentas la misma está compartida entre las bancadas que se prestan a maniobras para seguir entreteniendo la nigua y evitar así el funcionamiento normal del Congreso.
 
 Nuestro ordenamiento legal establece la existencia de tres organismos independientes entre sí y con funciones concretas asignadas a cada uno de ellos. El colmo de la irresponsabilidad se vio cuando el Ejecutivo decreta el Estado de Sitio y el Presidente del Congreso en una abusiva y arbitraria interpretación asumió que bastaba con que el asunto fuera leído al pleno y trasladado a una comisión para cumplir con lo que establece la misma Constitución y la Ley de Orden Público que específicamente señalan que los diputados deben ratificar, modificar o improbar el Estado de Sitio. Se trata de la suspensión de derechos fundamentales conocidos como garantías constitucionales y los constituyentes previeron que esa medida extrema necesitaba ratificación del Congreso para evitar precisamente barrabasadas como la de este gobierno que acusó a los pobladores de vínculos con el narcotráfico cuando decretó el Estado de Sitio, para luego desdecirse.
 
 No digamos la maniobra para proteger a la ministra de Educación del antejuicio en su contra. Tenemos un Congreso que incumple sus deberes y una Directiva que definitivamente no le atina a entender la función constitucional del Organismo Legislativo. No se puede pedir peras al olmo, pero al menos hay que exigir a los diputados mínimos de responsabilidad en el desempeño de esos cargos tan bien pagados en los que rinden tan poco.

Minutero:
Usan la interpelación
como una entretención;
es mejor que el Congreso
viva en eterno receso