Renap, temor de algunas munis


Autoridades del Renap tienen como meta abrir 400 oficinas de atención al público en el paí­s. El otro objetivo que la ley señala, es implementar unidades móviles y en el extranjero a través de los consulados.

El primer plazo trazado por el Registro Nacional de las Personas (Renap) para que las municipalidades del paí­s hagan la entrega de los registros civiles, que todaví­a manejan, es una meta dirigida hacia el 2 de enero de 2009, según el director ejecutivo Enrique Cossich.

Gabriel Herrera
lahora@lahora.com.gt

Para Ví­ctor Hugo Figueroa Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), aproximadamente de 333 comunas, 150 localizadas en el centro y el oriente del paí­s ya entregaron dichos registros. Cossich, director ejecutivo del Renap, apunta que más de 166 ya entregaron sus datos a la nueva entidad.

La mayor parte de las alcaldí­as que suman más de 150, en su mayorí­a de población indí­gena ubicadas en el Altiplano, Occidente y Norte del paí­s no han cumplido con dicha entrega, la razón es el desconocimiento y la mala polí­tica de comunicación de parte del Renap, comentó el Presidente de la Anam.

«Estamos haciendo la gestión ante las diferentes municipalidades que todaví­a no nos han entregado estos registros para que lo hagan. Trabajando en una campaña de sensibilización e incluso algunas regiones del paí­s están requiriendo un tratamiento especial para lo cual, ya estamos trabajando en los procedimientos y en las actividades necesarias para realizar el trabajo de integración», repuso el director ejecutivo del Renap.

Las corporaciones municipales que no han hecho entrega de sus registros, han manifestado que existen temores que la centralización o monopolio lleven a una privatización de estos servicios y que los precios puedan cambiar, eso afectarí­a la economí­a de esas poblaciones en pobreza y pobreza extrema, puntualizó Figueroa Pérez.

Existe otros motivos de descontento pues hay municipalidades que tienen cien años y más de manejar sus registros civiles, en Uspantán, Quiché por ejemplo, se registra nacimientos desde 1871 y cédulas a partir de 1928, enfatizó. Muchas cabeceras departamentales también tienen más de un siglo de realizar esos servicios municipales, agregó.

«Habemos municipios que hicimos el esfuerzo de recopilar y manejar la información poniendo a funcionar alta tecnologí­a de computación, esa inversión y esfuerzo de la población se va a perder, ejemplos son los casos de Santa Catarina Pinula, Guatemala y la capital», destacó el lí­der de la Anam.

Situación Social

Otra preocupación, dice el titular de la Anam, es cómo va a reaccionar la población cuando sepan que se entregarán los registros a manos ajenas a su comunidad, la preocupación de qué pasará con el reiterado tema del costo por certificación, o quienes deben viajar hasta cien kilómetros dentro del Quiché, para realizar trámites enmarcados en una tradición y cultura distinta, indicó.

Las autoridades dicen que la Ley del Registro de Personas, servirá para evitar las falsificaciones. Han tildado a la mayorí­a de alcaldes de propiciar las falsificaciones, cuando en la capital las autoridades no han logrado controlar que en cualquier esquina y, especialmente en el Centro Cí­vico, las personas puedan obtener cédulas falsas, remarcó el alcalde.

Otro temor, son los cambios de fechas que se han anunciado para la extensión del Documento Personal de Identificación (DPI), cuánto costará o que cuando todo esté centralizado, no aparezcan los registros o no esté claro el cruce de la información para futuros eventos electorales, resaltó Figueroa Pérez.

Buscan solución


Debido a que la representación edil no tiene participación dentro de la estructura administrativa del Renap, ya se solicitó revisar la Ley para futuras reformas, a la Comisión de Asuntos Electorales, del Congreso indicó el titular de la Anam.

Para el caso de los registros que fueron quemados y en donde no existe información, el entrevistado en el Renap dijo que las personas se tendrán que acercar a los nuevos registros, para un procedimiento de inscripción que están normando a efecto que sea lo más sencillo posible para el ciudadano.