El inicio de los trabajos de remoción de tierra en un sitio cerca de la capital de Guatemala, donde se presume están enterrados los restos de dos estudiantes desaparecidos durante la guerra civil, abrió las esperanzas de sus familias de cerrar un duelo de 25 años.
Aura Elena Farfán busca desde 1984 a su hermano, Rubén Amílcar Farfán, un universitario capturado por las fuerzas represivas el 15 de mayo de ese año y que engrosa la lista de desaparecidos.
Una retroexcavadora comenzó el viernes a remover la tierra en el sector donde se cree que yacen los restos de Farfán y de otra estudiante, Haydeé Méndez Calderón, desaparecida el 8 de marzo de 1984, cuyos nombres aparecen en documentos militares secretos desclasificados.
«Han sido años de intensas jornadas en busca de los restos de miles de desaparecidos. Esperamos que esto se convierta en una luz al final del túnel, para poder cerrar el período de duelo al darles una cristiana sepultura a nuestros seres queridos», dijo Aura Farfán a la AFP.
La decisión de buscar a su hermano llevó a Aura Farfán a integrarse en 1984 al Grupo de Apoyo Mutuo, una entidad de derechos humanos, de la cual se separó en 1992 para formar la organización de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala.
Los trabajos de búsqueda están a cargo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, que ha participado en la recuperación e identificación de restos de otros desaparecidos de la larga y cruenta guerra civil (1960-1996), que dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos.
El sitio de búsqueda, escogido por declaraciones de un testigo, tiene unos 80 metros de largo, por 10 de ancho.
Los casos de Farfán y Méndez están en el Diario Militar, un informe de 54 páginas con datos y fotografías de 183 desaparecidos durante la guerra civil en Guatemala, que fue desclasificado por el gobierno de Estados Unidos en 1999 por gestiones de la organización National Security Archives.
Esta es la primera excavación que realizarán los antropólogos forenses en busca de víctimas incluidas en el Diario Militar, aunque se han efectuado unas 1.100 exhumaciones en otras partes del país desde 1992, en las que se han recuperado los restos de al menos 5.025 personas.
Asimismo, el presidente del Programa Nacional de Resarcimiento a las víctimas de la guerra civil, César Dávila, presentó ante la Fiscalía las denuncias por miles de crímenes perpetrados por las fuerzas represivas.
Dávila dijo que espera que la Fiscalía «asuma su rol de investigación y se avance en establecer los hechos, pues la gente está esperando resultados para saber quiénes fueron los hechores».
Entre estas denuncias figuran 1.849 casos de desapariciones, 2.738 ejecuciones extrajudiciales, unos 200 casos de torturas y 192 de violaciones sexuales.
El avance en las investigaciones será para una de las sobrevivientes de la represión una especie de resarcimiento, pues todavía están frescos en su mente los gritos de sus familiares mientras eran torturados por paramilitares que actuaban bajo órdenes del Ejército.
«Todavía recuerdo cómo torturaron a mis tíos, la forma en que abusaban de mis primas y se llevaban a mi padre. Desintegraron a mi familia», dijo una mujer de rostro duro y mirada penetrante, que pidió no divulgar su nombre, cuyo testimonio está incluido en las denuncias presentadas a la Fiscalía.