Luego que quedara electo el abogado Remberto Ruiz como director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), y fuera anulado su nombramiento por el Congreso, el jurista presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad al parecer porque no se respetó el derecho de defensa.
La solicitud de Remberto es presentada aduciendo que el Organismo Legislativo vulneró el derecho de defensa al no valorar las pruebas de descargo presentadas en su defensa, por lo tanto pretende dejar sin efecto el decreto publicado que ordena repetir el proceso de selección de candidatos.