Líderes sociales y religiosos se reunieron en el Concejo Ecuménico para buscar soluciones pacíficas y continuar con la defensa de los recursos naturales. Algunos representantes religiosos denunciaron recibir amenazas de muerte por su labor.
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Tras los conflictos suscitados en diferentes departamentos, por la operatividad de los megaproyectos, comunitarios y religiosos discutieron soluciones pacíficas para enfrentar los problemas que les afectan.
Vitalino Similox, representante del Concejo, dijo que las acciones realizadas por el gobierno únicamente agravan la conflictividad, por ello discuten alternativas diferentes.
“Las iglesias hemos querido ofrecer un andamiaje, un espacio, una mesa, para que las personas de la Costa Sur, del nororiente del país, del occidente, puedan expresar toda su problemática porque ellos tienen muchos problemas y necesidades y lo que el gobierno ofrece inmediatamente es Estado de Sitio o instalación de bases militares, que para nosotros esas son acciones que no solucionan el problema, sino que lo agravan”, indicó Similox.
Según el entrevistado, el papel que tuvieron los encargados de la seguridad de la mina San Rafael, evidenció la prepotencia y los abusos que este tipo de empresas pueden cometer.
“AMENAZAS, PERSECUCIÓN”
José Pilar, pastor de la Iglesia Luterana de Guatemala, explicó que representantes religiosos –incluido él- y sociales han sido objeto de amenazas por la labor que desempeñan en estos lugares.
“En Zacapa y Chiquimula por ejemplo, a los pastores y sacerdotes de las diferentes iglesias que estamos acompañando y apoyando a comunidades que están ejerciendo su derecho a la resistencia pacífica contra hidroeléctricas, contra la minería de metales, contra este tipo de megaproyectos, en las últimas semanas hubo amenazas de muerte a través de anónimos que circularon en un sobre, que por supuesto se presentó la denuncia ante la Fiscalía de Activistas, Defensores de Derechos Humanos”, indicó.
Pilar explicó que en esos sobres hay notas donde se ofrece US$100 mil por matar a representantes sociales, activistas y otros. En su caso ya cuenta con seguridad, pues presentó la denuncia el pasado 10 de mayo.
Por aparte, Danilo Zuleta, del Comité en Defensa por la Vida y por la Paz, y miembro activo de la Resistencia Pacífica El Escobal, lamentó la prepotencia de las fuerzas de seguridad para realizar los allanamientos, durante los primeros días del Estado de Sitio.
“Al menos diez personas pertenecientes al Comité en Defensa de la Paz y la Vida recibieron órdenes de allanamiento, según tenía entendido de los disturbios anteriores, uno de ellos tenía orden de captura previamente a que se diera el Estado de Excepción”, indicó.
Zuleta concluyó en que el papel de la Iglesia Católica ha sido importante en las comunidades, pues ha impulsado acciones pacíficas como marchas y vigilias, además de la mediación en los conflictos.
JALAPA
El Ministro de Gobernación (Mingob), Mauricio López Bonilla, en entrevista con La Hora, negó recientemente la criminalización de los comunitarios. “Yo bajo ninguna circunstancia dije que los comuneros formaban parte de Los Zetas. Yo hablé de dos planos: son cuatro municipios en los que ha habido permanente existencia del fenómeno criminal, inclusive en acciones del narcotráfico y eso es cierto”, refirió.
Sin embargo, señaló anteriormente que “hay toda una información sobre la existencia de una estructura de narcotráfico vinculada a Los Zetas, especialmente en el área de Jalapa”.