Contra la idea absurda que plantean algunos que creen que proponer igualdad de oportunidades significa reducirlas a quienes las tienen y no mejorarlas a quienes no tienen ninguna, la verdad es que vivimos en un esquema absolutamente injusto que niega a la mayorí­a de la población la oportunidad elemental de realizarse en el plano de la dignidad intrí­nseca del ser humano. Oportunidades para comer, para educarse y tener salud deben estar al alcance de todos los habitantes de un paí­s como el nuestro que tiene riqueza, pero cuya distribución es lamentable.

Me llama la atención en el informe del relator que aplaude, como lo hemos hecho muchos, la existencia de planes de atención a la población en condiciones de pobreza mediante el concepto de la Cohesión Social, pero también señala que es importante mejorar cuestiones cruciales en una polí­tica de esa naturaleza si es que se quiere institucionalizarla como polí­tica de Estado y no simplemente como acción de un gobierno. Pide que se haga un mejor mapeo de la vulnerabilidad y la pobreza para atender a la gente más necesitada, lo que significa en lenguaje menos diplomático que no hay que realizar el mapeo con criterios de intereses polí­tico-electorales. También pide que se identifique mejor a los beneficiarios, de manera que quienes cumplan los requisitos y queden excluidos puedan reclamar, lo que significa que debe haber esa absoluta transparencia que aún seguimos demandando para impedir que por descuidos o corrupción el programa sea mal utilizado. Pidió, además que se informe a los beneficiarios de los derechos que les asisten y que puedan participar en el diseño, ejecución y evaluación del programa.

Nada que no se haya pedido anteriormente pero que sigue siendo una de las aspiraciones de quienes, creyendo en la bondad de ayudar a la gente más necesitada, vemos el peligro de que un programa así­ pueda desvirtuarse por razones del clientelismo polí­tico.

Pero el otro aspecto que me llama la atención, no por novedoso ciertamente, del informe preliminar del Relator, es el hecho de que a pesar de la enorme pobreza que hay en el paí­s, seguimos siendo uno de los Estados más débiles en materia de recaudación fiscal, misma que no llega ni al diez por ciento del Producto Interno Bruto y obviamente eso lo convierte en inútil para enfrentar el desafí­o enorme de garantizar la seguridad alimentaria. Erradicar el hambre debe ser una tarea esencial y para ello empecemos por quitarles el argumento a los que obstaculizan toda reforma fiscal, atacando la corrupción que es el mejor pretexto para no pagar impuestos. Pero no con comisiones inútiles como la que tan sólo publicitariamente dirige el Vicepresidente, sino con una polí­tica firme del Estado en el marco de la lucha contra la impunidad, para sancionar al que robando dinero del erario le da argumentos a quienes no quieren pagar impuestos.