Leandro Despouy, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, conocerá en los próximos días la situación del sistema de justicia nacional.
lahora@lahora.com.gt
La vista tendrá lugar a partir de mañana y finalizará el viernes 30 de enero del año en curso, aunque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no han establecido una fecha exacta para recibir a Despouy.
El Relator Especial se reunirá con funcionarios de los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, instituciones del sistema de justicia, magistrados, fiscales, y Organizaciones Sociales; en Guatemala y Quetzaltenango.
SESIí“N
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó por medio de un comunicado que la misión del comisionado es conocer la situación del sistema de justicia del país.
El Relator Especial estudiará principalmente las funciones ejercidas por magistrados, fiscales y abogados, así como la posibilidad de acceso a la justicia por parte de todos los sectores de la población y el respeto de las garantías a un juicio justo y dará seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes de las visitas realizadas a Guatemala en 1999 y 2001.
Despuoy observará la situación actual en cuanto al tema de justicia para establecer un diagnóstico y elevarlo a las Naciones Unidas con el objeto que se hagan recomendaciones al respecto al Estado de Guatemala.
Guillermo Melgar, vocero de la CSJ, confirmó que los magistrados de ese organismo no han recibido ninguna solicitud de audiencia por parte de la ONU, pero estimó que la sesión podría efectuarse en la reunión administrativa de pleno el próximo miércoles.
El Ministerio Público tampoco ha agendado una reunión con el comisionado, sin embargo, dijeron estar anuentes a ella.
SITUACIí“N
El jueves último Organizaciones de Derechos Humanos manifestaron ante la CSJ debido a la situación de impunidad que actualmente afecta al sistema de justicia nacional.
Los activistas solicitaron a la Corte terminar con la impunidad e hicieron énfasis en las resoluciones de varios casos de desapariciones forzadas y masacres en los que los sindicados se han visto beneficiados y cuyas investigaciones no avanzan.
Las Organizaciones denunciaron que jueces y magistrados han actuado con «parcialidad», para favorecer a militares que participaron en esos crímenes como en desapariciones y afirmaron que, los operadores de justicia «no tienen independencia para resolver esos procesos».
UNO DE LOS CASOS QUE FUERON ENFATIZADOS POR LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS ES LA DESAPARICIí“N FORZADA DE SIETE MIEMBROS DE UNA FAMILIA EN LA ALDEA EL JUTE, CHIQUIMULA, OCURRIDO EN 1981; EN ESTE PROCESO ESTíN SINDICADOS EL MILITAR RETIRADO MARCO ANTONIO SíNCHEZ SAMAYOA Y TRES EX COMISIONADOS.
EL SEGUNDO ES LA MASACRE DE LAS DOS ERRES, OCURRIDA EL 6 Y 8 DE DICIEMBRE DE 1982 DONDE A CRITERIO DE LOS ACTIVISTAS, LA CSJ TAMBIí‰N HA TRATADO DE BENEFICIAR A LOS MILITARES INVOLUCRADOS.