James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, señala que el alto grado de conflictividad social que existe en Guatemala en torno a la aprobación e implementación de proyectos en territorios indígenas no sería explicable sin atender a la cuestión clave de los derechos sobre las tierras y territorios.
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El relator tiene una especial preocupación, que el actual marco jurídico e institucional guatemalteco relativo a los derechos de los pueblos indígenas sobre tierras y recursos naturales dista todavía mucho de los estándares internacionales y de los avances logrados en el ámbito latinoamericano.
Según el informe de las Naciones Unidas acerca de los derechos de los pueblos indígenas, esta situación se ha visto agravada como una realidad de “alta inseguridad jurídica” provocada por la “insuficiencia y la ineficacia de las leyes y las instituciones encargadas de la titulación de la tenencia, el registro de propiedades y el catastro agrícola, lo cual ha generado numerosos conflictos agrarios”.
Amaya indicó que se han tenido avances para reconocer los derechos de los pueblos indígenas, pero que “falta mucho por hacer”, como la implementación de los derechos reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Además, el Relator expresó que en Guatemala existe la necesidad de crear mecanismos de diálogo, consulta e interconexión con los pueblos indígenas, escuchar las necesidades y preocupaciones de este sector, con el objetivo de avanzar para mejorar las condiciones de vida de la población indígena.
El informe señala que son particularmente preocupantes los numerosos casos en que la implementación de proyectos ha afectado a áreas sobre las que existen reclamos legítimos de propiedad indígena.
“La dimensión colectiva del derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos está ausente de las políticas públicas y de la practica en cuanto a la aprobación de proyectos extractivos y otro tipo de proyectos” dice el documento. Ello se pone de manifiesto en la falta de consideración del impacto social y cultural sobre los territorios indígenas.
El Relator Especial manifestó también su preocupación por el uso indiscriminado del estado de prevención como respuesta a episodios específicos de conflictividad y por períodos de tiempo excesivamente prolongados. “El estado de prevención debe ser utilizado únicamente en casos excepcionales que afecten seriamente el mantenimiento del orden público, y no como un mecanismo para facilitar que las fuerzas de seguridad lleven a cabo otras funciones como la investigación de denuncias o la defensa de intereses empresariales”.
Guatemala atraviesa un clima de inestabilidad y conflictividad social en relación con las actividades de las empresas en los territorios tradicionales de los pueblos indígenas, tratándose de una situación preocupante en la que no solo parecen resultar perjudicados los pueblos y comunidades indígenas, sino que va más allá, colocando en dificultades a la capacidad del Gobierno, por lo que se requiere de respuestas decididas y urgentes por parte de los poderes públicos, a riesgo de que se pueda llegar a situaciones de mayor conflictividad y colocar a Guatemala en una situación de ingobernabilidad, refiere el informe.