El relator Especial de Derechos de Pueblos Indígenas, James Anaya, presentó ante las Naciones Unidas un informe donde explica que la extracción de recursos es «sencillamente incompatible con las aspiraciones y prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas,

O puede obstaculizar su acceso a las tierras y los recursos naturales fundamentales para su bienestar físico y la integridad de su cultura y sus medios de vida”.

El delegado de la ONU ve preocupante que cada día se incremente el número de casos en el que se ha reprimido a personas, líderes campesinos o comunidades indígenas por haberse opuesto a proyectos extractivos. Asimismo, revela que en varios de esos casos, las personas y grupos indígenas que se oponían a dichos proyectos han sido objeto de actos de intimidación o violencia, y en algunas ocasiones con resultado de muerte.

James Anaya sugirió como “absolutamente necesario”, que los Estados adopten las medidas para garantizar el derecho de los pueblos y las personas indígenas a expresar pacíficamente su oposición a los proyectos extractivos, así como a expresarse sobre otros asuntos, libres de todo acto de intimidación o violencia, o de cualquier forma de represalia. Además, concluyó que se debe proporcionar una formación adecuada a las fuerzas de seguridad, enjuiciar a los responsables de actos o amenazas de violencia en contra de poblaciones indígenas y tomar medidas para evitar que tanto los agentes estatales como los privados hagan un uso injustificado o excesivo de la fuerza.