El lunes pasado me invitó a su casa un viejo amigo con quien tenía muchos años de no platicar y el ofrecimiento de un suculento caldo de gallina se concretó al mediodía. Antes de llegar a su residencia, en una garita me detuvo un agente privado de seguridad quien me pidió mi licencia de conducir y me preguntó a dónde me dirigía. Me entregó un número para que al salir reclamara mi licencia y durante varias cuadras de calles que son bienes públicos de uso común, tuve que manejar sin el documento respectivo porque las normas de la colonia no permiten el ingreso de extraños.

En la misma colonia donde vivo únicamente pueden pasar la garita quienes demuestren que en alguna vivienda los están esperando. Si un vendedor quiere pasar a ofrecer sus productos como lo hacían antaño en todos los barrios, no puede hacerlo porque no hay vecino que le sirva para justificar su recorrido por la vía pública que dejó de ser pública en aras de la seguridad ciudadana.
 
 De hecho, Guatemala se ha convertido en un país donde la libre locomoción es un mito, una ficción, puesto que todos hemos aceptado que ante la violencia que tanto daño hace y que causa crímenes tan espantosos como la masacre de ayer en la madrugada, preferimos que se restrinja el derecho que todos tenemos a usar todas las vías públicas. Porque se supone que cuando un lotificador obtiene licencia para realizar el fraccionamiento urbano tiene que ceder al Municipio las calles y avenidas que se desmembran del inmueble privado y así se suman a la enorme red de arterias que conforman ese patrimonio público a cuyo uso y disfrute todos tenemos derecho, según la legislación. Salvo el caso de condominios privados que tienen un acceso que no se puede catalogar como calle, el resto tienen obligación de traspasar a la Municipalidad las vías internas para que reciban su nomenclatura respectiva, entre otras cosas.
 
 En la zona 14, por ejemplo, está el barrio llamado Cantón 21 y muchos de sus pobladores atravesaban un barranco para salir hacia la zona más residencial y buscar transporte en la Avenida de Las Américas. Esas personas no pueden ahora utilizar el atajo que antes les servía tanto, puesto que las garitas y muros les cierran el paso y tienen que dar una vuelta considerable para llegar a sus casas. Técnicamente y desde el punto de vista de la ley, no se les puede negar el paso por las calles que son bienes públicos de uso común, pero en la práctica su derecho a la locomoción libre por esas vías desapareció y lo tuvieron que aceptar sin chistar.
 
 Entiendo perfectamente que las condiciones de inseguridad son terribles y que la mayoría de guatemaltecos, de los más variados estratos sociales, prefiere vivir tras una talanquera que expuestos a la delincuencia. En otras palabras, la realidad social nos llevó a todos, de facto, a aceptar limitaciones a la libre locomoción, aunque ello perjudique a quienes no siendo delincuentes quieren pasar por alguna calle.
 
 Por ello no deja de ser chocante que nos hablen de que para garantizar la libre locomoción está bueno que haya actuado la fuerza pública en contra de los pobladores de Totonicapán. Hay condiciones sociales que obligan a la gente a usar esas manifestaciones como único medio para que sus demandas sean tomadas en cuenta. Así como la realidad de la violencia hizo que se aceptaran las garitas y talanqueras, tenemos que ser menos radicales al juzgar a quienes tienen que buscar formas de hacer escuchar su voz. El ideal es que no se requieran medidas de hecho, pero si no los atienden, si no los oyen, seguirán las protestas nos gusten o disgusten. Por ello buscar el diálogo es imperativo, porque nuestra realidad es patética y demanda cambios.