El presunto suicidio el miércoles de un prisionero saudita en la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba) reabre el debate sobre las condiciones de reclusión en esa penitenciaría de alta seguridad cuyo cierre es reclamado por varios países.
El detenido, identificado ayer como Abdul Rahman Ma’ath Thafir Al Amri, de 34 años de edad y presunto miembro de la red Al Qaeda de rango medio y combatiente talibán, fue encontrado inanimado y sin respirar en su celda por los guardias y declarado muerto por un médico en la base.
Se trató «aparentemente de un suicidio», dijo el Comando Sur del ejército, que tiene jurisdicción sobre la base y abrió una investigación por el incidente.
El Centro por los Derechos Constitucionales (CCR por sus siglas en inglés), una organización de defensa de los derechos civiles en Estados Unidos y que apoya a los detenidos sin acusación, atribuyó la responsabilidad de esta muerte al gobierno estadounidense.
«El Ejército aisla a cada vez más detenidos y continúa negándose a que se hagan evaluaciones psicológicas independientes» de los prisioneros, denuncia Wells Dixon, un abogado que trabaja para el CCR. «Al negarse a supervisar sus condiciones» de detención, «el aparato judicial contribuye a la desesperanza de los prisioneros», agrega.
Dixon acusó asimismo al Congreso de no defender los derechos fundamentales de los detenidos en Guantánamo.
Según el CCR, el gobierno norteamericano apenas suministra una información «muy limitada» a los abogados y a las familias sobre los prisioneros que mueren en esa cárcel.
Se trata del cuarto suicidio, presunto o comprobado, que se registra en Guantánamo, donde varios prisioneros realizaron en el pasado huelgas de hambre antes de recibir alimentación forzoza.
El año pasado, un militar de alto rango calificó un triple suicidio de «acto de guerra» y una diplomática del departamento de Estado llegó a decir que se trataba de un «golpe mediático» para llamar la atención del mundo entero, una observación que su ministerio consideró poco afortunada.
Esos comentarios fueron tachados de chocantes por medios de comunicación y organizaciones defensoras de los derechos humanos que habían destacado la desesperanza de los prisioneros detenidos desde hace años, la mayoría sin enfrentar cargos en su contra.
Cerca de 800 personas pasaron por el campo de detención de la base de Guantánamo desde su inauguración tras los atentados del 11 de setiembre de 2001. Alrededor de 380 siguen allí, algunos después de cinco años sin proceso ni acusación.
La muerte de un nuevo detenido «no es una sorpresa. Hace años que hay quienes quieren poner fin a sus vidas en Guantánamo. Con la desesperanza que reina entre los prisioneros, detenidos durante años sin solución a sus casos (este desenlace) era inevitable», afirma Jumana Musa, dirigente de Amnistía Internacional en Estados Unidos.
Enfrentado a los pedidos provenientes de Estados Unidos y de países de todo el mundo para que Guantánamo sea clausurado, el Ejército norteamericano insistió una vez más el miércoles en la necesidad de continuar con la misión de detención e interrogatorio en el cuestionado centro de detención.
«Esta misión es vital para la seguridad de nuestro país y de nuestros aliados y se hace de manera profesional y humana por parte de hombres y mujeres» afectados a Guantánamo, destacó el comando militar sur.
Amnistía Internacional exigió al presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que pida a la secretaria de Estado norteamericana, Condolezza Rice, el cierre del campo de detención estadounidense de Guantánamo, en Cuba, durante el encuentro de hoy entre ambos en Madrid.
Así lo manifestó el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, en Murcia, en el sureste del país.