El programa de reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal se ha convertido en un administrador de «cárceles», y ha priorizado el tema de «seguridad», en los centros de internamiento de los jóvenes, sobre el de protección integral y restitución de sus derechos, como lo ordena la Ley especifica, según analistas.

La Secretarí­a de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) por mandato de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia (Decreto 27-2003) debe velar por la protección de los adolescentes en conflicto con la ley penal; para ello, creó una Subsecretarí­a de Reinserción Social y los programas de privación de libertad y medidas socioeducativas.

Los internos en los centros administrados por la SBS oscilan entre las edades de 13 y 20 años -según datos oficiales- ya que muchos de ellos cumplen sanciones impuestas por un juez de hasta seis años, pena máxima que se puede dictar contra un adolescente que transgreda la ley, según el decreto 27-2003.

La población total que actualmente permanece privada de libertad, en los cuatro centros, alcanza los 331 internos (23 mujeres). Según el subcoordinador del programa, 4% de la población es reincidente y las razones principales por las que han sido ingresados son: robo agravado (167), homicidio (47), homicidio en grado de tentativa (28), asesinato (27), y encubrimiento propio (19), entre otros.

Sin embargo, expertos en derechos de niñez, estiman que el sistema de protección de esta población aplica una justicia retributiva para los jóvenes. «Tienen un concepto erróneo de la justicia, donde podrí­a aplicarse el dicho: «Ojo por ojo y diente por diente», dice Byron Alvarado, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia.

A criterio del abogado, debe implementarse una justicia restaurativa en la que haya una tripartita integración del proceso, es decir, el Estado como árbitro, el adolescente como responsable y la ví­ctima que requiere una satisfacción por la afección del derecho violado.

DESINTERí‰S

Actualmente el mencionado programa tiene una asignación presupuestaria de Q36 millones, de los cuales Q24 millones se destina al funcionamiento de los cuatro centros de internamiento (tres para varones y uno para mujeres), mientras que los Q12 millones restantes los invierte en el programa de medidas socioeducativas.

No obstante, Jorge Mario Caballeros, subdirector del programa, aduce que tal cantidad no es la más indicada para proporcionar la atención óptima a la población de ambos programas. El funcionario argumentó que se han remozado los centros, sin embargo, adujo que el personal con que cuentan no es suficiente.

Marvin Alvarado, jurista especializado en derechos de niñez, aduce que el Estado ha tenido una visión criminalizadora de los adolescentes, por lo que enfatiza la mayor cantidad de fondos para el programa de privación de libertad, en vez de enfocarse en las otras medidas como libertad asistida o trabajos comunitarios, según lo amerite la falta o el delito.

«Los ven como un problema (a los jóvenes) y por lo tanto no se han interesado; es un incumplimiento grosero a los derechos que también tiene estos adolescentes de reinsertarse y la misma sociedad a que no la agredan», consideró.

INTERNOS

Pero más allá de los delitos por los cuales los jóvenes han sido enviados por un juez a los centros, los analistas enfatizan en que se debe cuestionar la responsabilidad del Estado en programas que han sido poco efectivos, y han llegado al grado de tener que separar a los muchachos según la pandilla a la que pertenecen: Mara Salvatrucha y Mara 18, o quienes no pertenecen a ninguna.

En ese contexto, se han suscitado varios enfrentamientos entre los mismos jóvenes, donde se ha evidenciado las debilidades del sistema de protección de la SBS en los centros que no garantiza la seguridad para los internos y para el personal que labora en el lugar.

Un caso paradigmático ocurrido el pasado 3 de marzo en el centro Etapa II, donde falleció un profesor, la misma SBS pidió el traslado de 18 jóvenes al Centro Preventivo para varones de la zona 18, acusados de un asesinato; el resto (54) están a disposición del juzgado porque están involucrados en la muerte; permanecen en el mismo centro, por ser aún menores de edad.

Los analistas reconocen lo difí­cil de trabajar con la población de los centros, debido a su actitud «altamente violenta, porque pertenecen a grupos organizados», sin embargo, advierten que esa situación no justifica que se busque, desde la misma SBS, juzgar a los jóvenes como adultos, debido a que el Estado debe tener la capacidad de aplicar efectivamente los programas de reinserción.

«Si se diera esa reforma (cambio en la mayorí­a de edad penal) ¿Cuál serí­a la diferencia del adulto y el adolescente?, apenas el lugar donde están, porque ni en una ni en otro (centros de privación de libertad) hay programas efectivos», dijo Rabales.