LA SOLUCIÓN A UN PROBLEMA TAN GRANDE, QUE AFECTA A MILES DE FAMILIAS DEPENDE DE LOS ACUERDOS QUE SE ALCANCEN EN TORNO A UNA INICIATIVA DETENIDA POR MÁS DE UN AÑO
QUE EL MINISTERIO PÚBLICO (MP) PUEDA REQUERIR INFORMACIÓN SIN ORDEN JUDICIAL ES OTRO TEMA EN EL QUE NO HAY ACUERDOS
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Luego de una serie de trabajos respecto al robo de celulares, del sistema de denuncia, de la alimentación de datos en la Base de Teléfonos Robados (BDTR), del flasheo y el efecto que ello tiene en el sistema actual para enfrentar el robo, este medio de comunicación presenta hoy un reportaje respecto a las posturas de la operadoras de telefonía y las organizaciones civiles unidas contra el robo de celulares.
Actualmente en el Congreso de la República, concretamente en la Comisión de Telecomunicaciones, se encuentra la última versión de la iniciativa de ley de registro móvil para la prevención y combate del delito, que consta de 23 artículos divididos en cinco capítulos; del segundo al cuarto contemplan los registros, las obligaciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) y los delitos que se deben incluir en la legislación penal para el combate al robo de móviles.
La iniciativa de ley en el artículo 4 contempla el tema que genera discordia: la creación de un registro de usuarios a cargo de las operadoras y la posibilidad de que el MP pueda pedir información a las operadoras sin orden judicial. En tal artículo se contempla que las empresas de telefonía deben crear, administrar y actualizar un registro de sus usuarios, que de acuerdo a la ley, deberá contener: número y modalidad del línea y el SIM; modelo, marca, serie y demás datos del IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil), así como el nombre, edad, nacionalidad, número de cédula de vecindad o DPI y dirección del usuario, sea éste persona natural o jurídica.
Además, contempla que el MP, en caso de requerir información a las telefónicas debe informar al usuario investigado en el plazo máximo de seis meses; el artículo establece que los funcionarios del MP que utilicen mal esa información quedan sujetos a sanciones penales y administrativas, pero no se establece cuáles.
El proyecto de ley para enfrentar el robo ha estado más de un año esperando ser aprobado, mientras diariamente se roban cientos de celulares ante la resignación de la ciudadanía que se conforma con decir: “Menos mal solo fue el teléfono, y no mi vida”.
¿Qué dicen las telefónicas?
Las compañías telefónicas, a través de personeros autorizados, manifiestan que no es necesario un registro de usuarios, pero sí creen que un registro de IMEI ayudaría a combatir el robo; “el Registro de Terminales Móviles puede coadyuvar porque lo primero que se hace al robar un teléfono es flashearlo y entonces éste entra al sistema con un número que no aparece como robado; por tanto, se presume que es un número que está en Guatemala como legal, dado que las empresas de telefonía no somos los únicos que importamos aparatos”, dice Francisco Evertsz, de Telefónica.
En virtud de lo anterior, las empresas proponen: “Cuando un aparato entre a Guatemala vía importación, en ese momento se debería pagar los impuestos y capturar la información del aparato, el IMEI y las características del mismo, y eso se va a un registro administrado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la SIT, que no sería público, pero al que sí deberían tener acceso la SAT, la SIT, el MP, la Policía Nacional Civil (PNC) y operadores, cada uno con diferentes fines”, continuó.
Respecto a los usos que se le dará al registro de IMEI, se menciona que “los operadores tendremos que verificar cuando un teléfono quiera ser utilizado que ese aparato está legal en Guatemala. El MP, en los allanamientos, si agarran un aparato que no está en la lista blanca, ahí hay un delito de comercialización de teléfonos o alteración y SAT para verificación del pago de impuestos”, resalta Evertsz.
Los operadores manifiestan que debería ser limitada al público toda la información del registro de IMEI, pero sí se deberían poder hacer consultas específicas, es decir ingresando para verificar el status de su aparato en el registro.
Por tanto, concluyen que “si se roban un aparato y los flashean le están borrando la posibilidad de que sea utilizado en Guatemala porque le están asignando un número de IMEI que no está en la lista blanca y por tanto al querer hacer una llamada, no se le permite cursar la misma”. “Limitan la comercialización y activación al menos en Guatemala”, advierten.
Consultados respecto a la posibilidad de flashear un aparato y designarle un IMEI especifico con los números deseados por el programador, confirmaron que “técnicamente se puede hacer”; por tanto, se preguntó por un caso hipotético, ¿qué pasa si una persona compra tres móviles sencillos y se les quiere asignar esos IMEI a los aparatos inteligentes, para suplantar las identidades? Y la respuesta fue:
“El tema de la comercialización y la alteración encajaba eso; cuando se haga una consulta a la base de datos ésta reflejará la información y nos dirá que es un frijolito –celular sencillo–, traído por “X” persona y vendido por “Y”, y ahí automáticamente se cae en uno de los delitos propuestos y la gente deberá tener el miedo y el cuidado de no hacerlo; la PNC debería, al momento de hacer un registro, pedir el teléfono para mandar a verificar si el IMEI es válido o no”.
Los operadores, por tanto, hablan de la necesidad que la PNC asuma un papel importante para la verificación y que, además, junto el MP, pueda combatir el flasheo: “Éste debe estar un 99% por ciento prohibido y se deben atacar los centros y toda clase de establecimientos que lo hagan; pero la razón de porque deseamos dejar ese 1% libre responde a que puede que se importen aparatos con el mismo IMEI y por tanto la SIT, deberá a través de técnicos autorizados por ellos, asignar IMEI distintos a los aparatos”.
Ahondando en las explicaciones sobre este proceso, las compañías consideran que no deberían existir dos IMEI idénticos en el mercado: “La SIT debería de tener un lote de IMEI administrados por ellos para que el importador y la SAT (al percatarse que son IMEI genéricos) deban pedir que les asignen mil IMEI para flashear los teléfonos y cambiarles el IMEI. Este (IMEI) debería ser compuesto por la SIT, por ejemplo, deberían tener los primero tres números establecidos para poderlos identificar como flasheados por la SIT, asignados a un proveedor y el resto del algoritmo”.
También se oponen a que el MP, sin orden judicial, pueda solicitar información a las telefónicas. “Creemos que es importante que se establezca como condición la orden de juez y para ello, puede el OJ establecer un juzgado de turno en el MP y así hacerlo todo más rápido y en ley”, explican.
Las empresas manifiestan que legalizar la tecnología es muy difícil por lo que estiman conveniente que la parte técnica no se incluya en una ley, pero las sanciones sí. De esa cuenta, pretenden que la parte técnica se pueda desarrollar por convenios interinstitucionales con el Gobierno y las autoridades, para actualizar ese mecanismo. “La propuesta anterior decía que eran 15 dígitos del IMEI y en la actualidad ya vamos por 18; ahora es numérico y puede llegar a ser alfa numérico”, argumentan.
REGISTOS TOTALES
Las telefónicas están de acuerdo con que exista un registro de importadores por medio del cual se puedan inscribir todas aquellas personas que ingresen teléfonos al país de forma habitual e incluso, se pronuncian a favor de que una persona individual pueda importar ocasionalmente un teléfono, declararlo, pagar sus impuestos y que la SIT lo cargue al sistema para que escoja con qué operador lo activa.
Para evitar que los celulares robados sean exportados a otros países, las telefónicas dicen estar de acuerdo con el registro de exportadores y solicitan que los controles sean efectivos.
Además, las operadoras consideran que su propuesta puede llegar a ser líder en América Latina, porque creen que han propuesto las mejores prácticas de todos los países y que será necesario que más países apliquen medidas similares para que los teléfonos robados de un país no sean activados en otro.
ORGANISMO JUDICIAL
También destacan que es muy importante que el Organismo Judicial sea parte de la discusión y que los juzgadores entiendan la importancia de la certeza del castigo, porque se quejan que en ocasiones los juzgadores estiman que el robo de un teléfono no amerita sanciones “tan drásticas”.
“Puede que alguien caiga por un teléfono, pero ese puede tener sangre y, además, puede ser que ya lleve 40 robos antes”, sentencian.
REGISTRO DE USUARIOS Y EXTORSIÓN
Acisclo Valladares, de Tigo, manifestó respecto al Registro de Usuarios que “se mandó a pedir información a Perú, porque era un caso que mencionaban como exitoso y la información recopilada demuestra lo contrario, pero en realidad las organizaciones no han presentado evidencias empíricas u objetivas que demuestren el funcionamiento, y solo ha quedado en que las organizaciones dicen que funcionan”, dice.
Las compañías argumentan que eso ha generado el impasse en que se encuentra la iniciativa de ley en la actualidad. Las empresas insisten en que “el Registro de Usuarios, por sí solo, no resuelve el tema de las extorsiones. No creo que el registro de usuarios sirva ni para una cosa ni la otra, es decir robo y extorsión”, afirma el representante de Tigo.
“La forma de funcionar de cada figura delictiva es distinta., Es como que quisiéramos meter en la ley el tema de las motos porque la mayoría de robos es con motos, no se opera un tema mezclado con otro”, dice el delegado Ricardo Sagastume, abogado de la gremial que reúne a las empresas de telefonía.
“Son problemas diferentes,” dice Sagastume, quien estima que la estrategia contra la problemática de las extorsiones debería incluir al Sistema Penitenciario, para que tengan más control en el ingreso de aparatos de comunicación y recuerda que la extorsión no solo se realiza por teléfono.
Además, las empresas estiman que ha existido una problemática que no ha sido analizada a profundidad, como la falsificación de documentos; “por ejemplo, en México fracasa el famoso Renaut -Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil- cuando se dieron cuenta que habían celulares a nombre del Presidente, de Secretarios de Estado”, expone Valladares.
Evertz menciona que “la ley nacería con una primera deficiencia, porque no se analizaron los modus operandi de cada delito, sino simple y sencillamente fue que el robo de celulares equivale a que los operadores tenemos la culpa, y por supuesto, es nuestra culpa porque vendemos celulares y hemos llevado comunicaciones a todo el país, y por eso dicen que tenemos la culpa, pero no hubo un trabajo integrado con el MP para analizar los dos problemas y sus formas de operar. No hemos encontrado nada que ligue el robo a la extorsión. Ahora, con el registro de usuarios sí podemos caer en que habrá robos para extorsionar. Puede que se roben teléfono y la identificación y, por tanto, hay que partir de la especialización de los temas”.
Los representantes de las empresas de telefonía concluyen que muchas de sus propuestas no fueron tomadas en cuenta en las iniciativas legislativas y que en muchos casos ni analizaron las mismas, pero insisten en que con la implementación del Registro de IMEI, sin necesidad del registro de usuarios, basta para que disminuya el robo y la población se sienta más segura.
Si no es con registro de usuarios, no estamos de acuerdo
Eleonora Muralles, de la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), una entidad parte de la campaña Unidos Contra el Robo de Celulares, señala que es necesario que el registro de usuarios se incluya en la ley “porque estamos hablando de una normativa que trata de proteger a la persona y como estamos hablando de terminología de teléfonos celulares, los delitos cometidos con esos aparatos no se reducen al robo de celulares y la extorsión. Por eso nosotros hablamos ahora del combate al delito en general, porque en la extorsión, secuestro y la coordinación de violadores, trata de personas y narcotráfico todo es coordinado con teléfonos tarjeteros, por tanto, no vemos porque separarlos existiendo la posibilidad de emitir una ley en conjunto”.
Consultada respecto a las garantías que se pueden ofrecer en cuanto a que la información del registro de usuarios sea confiable, la activista refiere: “Los riesgos existen, nunca hemos dicho que con una emisión de ley se van a terminar los problemas y los delitos, eso es falso. Lo que pensamos es que vale la pena hacer un esfuerzo para ir limitando el campo de acción de los delincuentes. Por supuesto que hay robo de identidades, cedulas falsas, pero nosotros partimos del punto que se supone que ahora con un documento personal de identificación (DPI) debería ser más difícil falsificar los documentos. De que se puede hacer, se puede hacer, pero veamos en todo el mundo lo que ha pasado. En todo el mundo hay robo de identidades, pero ello no quiere decir que todo el mundo vaya a ser capaz de alterar sus documentos, si no, no hagamos nada”.
Al respecto de manejar de forma separada el registro de usuarios, dado que la ley no ha logrado aprobación y el problema persiste afectando a la población, la activista argumentó que “entonces el problema es que lo otro (extorsiones) quedará para la eterna memoria y nunca se haría porque las telefónicas no quieren hacer el registro de usuarios y a nosotros no nos han convencido con razones de peso para decirnos no al Registro de Usuarios”.
“El registro de usuarios para nosotros es fundamental porque para nosotros es un tema de previsión toda vez que junto con el MP recibimos reportes de muchísimas personas que al final del día caen sin ser parte del crimen y están incursionando en la extorsión, por tanto no tienen capacidad de falsificar sus documentos. Los autosecuestros de jóvenes de familias que saben que al papá le entró dinero y se lo sacan diciendo que están secuestrados. La idea es que el grueso de gente que se mete a la delincuencia no lo tenga tan fácil. Está bien que eliminen y bloqueen un teléfono con que se extorsiona, pero ¿cómo vamos a dar con el responsable si no se tiene ningún tipo de información? Como no hay ley, las telefónicas cuando quieren colaboran con las autoridades y a veces logran detenciones”, advierte Muralles
“Nosotros creemos que la información la deben dar las telefónicas sin orden judicial a solicitud del MP derivado de un proceso de investigación y que solo esa persona solicite la información, además, se plantean sanciones a las personas del MP que hagan una solicitud ilegal”, agrega al ser consultada por esa disposición de la ley.
Sobre el incentivo que tendrán los usuarios para registrarse en un país en donde todo se hace a última hora y donde la semana pasada se conoció que miles de propietarios de vehículos no pagaron sus impuestos a tiempo, a pesar de las sanciones, Muralles dijo: “la motivación será no quedarse sin teléfono, pero yo no comparo ni con carros ni con nada más. Hablamos con la embajadora de Belice y nos dijo que en su país ya terminó la implementación del registro y se quedaron 60 mil aparatos desactivados, pero nos decía ella que su Gobierno apoyó la ley, dado que era necesaria para la investigación criminal. En Panamá pasó lo mismo, muchas se quedaron sin aparato. Pero dentro de ese grueso de aparatos están los que están en las cárceles”.
Por último, cuestionada respecto a que dado que el registro de usuarios es la manzana de la discordia y ello hace que el tema no avance, y si estarían dispuestos a que se elimine el registro de usuarios con la condición de instalar una mesa para tratar las extorsiones y en la que participen más actores, como la Superintendencia de Bancos por ejemplo, con el afán que se pueda empezar a combatir el robo de celulares manifestó: “Contesto a título personal, porque no lo hemos planteado a nivel de mesa, pero no lo veo factible. Estuvimos unos meses sentados con ellos (operadoras) y hay una intransigencia y preguntó yo porque no propusieron eso durante todo ese tiempo que estuvimos sentados”.
“La última propuesta que hizo el señor Evertsz fue que hiciéramos una mesa para abordar el tema de seguridad y estaba lo de los bancos y como seis temas más, pero nos vamos a pasar la vida entera discutiéndolos; mi opinión es que ellos están planteando esto para retardar y eso nos lo ha dicho mil gentes de América Latina y cercanas a la telefónicas, para no dejar que de recibir los millones de quetzales que provienen del crimen. No quisiera sentarme con ellos de nuevo, la otra semana (ésta) nos recibe el Presidente y le apostamos a eso para que entienda la importancia de ley y nos apoye”, puntualiza.
Al consultarle sobre qué pasa si el país se queda sin herramientas para combatir el robo de celulares por la falta de consensos, respondió: “Habrá que platearlos, pero todos dijeron que o va con registro o nada y así fue la decisión y por eso ya no se discutió nada con ellos y le dijimos a Nineth que apoyábamos la iniciativa, siempre y cuando llevara el registro y esa fue la que presentó”.
Eleonora Muralles
FADS
Ricardo Sagastume
Abogado de la gremial