Comunidades indí­genas del occidente y oriente del paí­s continúan llevando a cabo consultas comunitarias, para expresar su opinión sobre el uso de los recursos naturales en sus territorios como lo han hecho históricamente, pues consideran que al no ejercer su derecho terminarí­an perdiéndolo.

Desde hace unos cuatro años se han registrado en todo el paí­s más de 30 consultas comunitarias, concentradas, principalmente, en el occidente del territorio nacional, en los departamentos de Huehuetenango (24), y San Marcos (6), en Quiché y en el departamento de Guatemala (San Juan Sacatepéquez), así­ como en el oriente del paí­s, en Zacapa y Chiquimula, en menor medida.

Todos los procesos de participación democrática, apoyados por las autoridades indí­genas locales, se han llevado a cabo para conocer la opinión de los habitantes sobre la intención del gobierno central con el fin de instalar proyectos de minerí­a, hidroeléctricas y cementeras.

En las más de 30 consultas, la respuesta del casi medio millón de personas que ha participado en este ejercicio ha sido de rechazo unánime, según los resultados presentados por las organizaciones un 98% de quienes han participado en las consultas han rechazado tales medidas.

DERECHO FUNDAMENTAL

Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), indica que desde la creación del Código Municipal y la ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indí­genas y Tribales que reconoce la autodeterminación de los pueblos, las consultas comunitarias tienen un cobijo jurí­dico.

Pese a que la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó la vinculación de las consultas comunitarias efectuadas en Sipakapa, San Marcos, Pascual reafirma que para las comunidades esos procesos de participación tienen vinculación, «si les gustas o no».

«Las consultas son la evidencia del uso de la razón, de la toma de conciencia de la gente que alza la voz para rechazar los megaproyectos. Las consultas no pueden ser llamadas no vinculantes luego que el 98% de los habitantes de las comunidades dicen no a los proyectos», aseveró.

A criterio de Omar Gerónimo de la Central Campesina Chortí­, integrante de Plataforma Agraria, esas prácticas históricas de los pueblos indí­genas representan los derechos fundamentales del ser humano a expresarse y a ser escuchados, por lo que de no ejercerse estarí­a siendo violentado.

Además, recuerda que «es algo muy sencillo porque en materia de derechos humanos los convenios internacionales tienen preeminencia sobre la Constitución de la República».

CONFLICTIVIDAD

Ambos dirigentes están conscientes que la decisión del gobierno central de implementar proyectos en sus comunidades, sin consultar a los pobladores, genera el riesgo de conflictividad social, en la medida en que factores externos presionen a los habitantes para la instalación de estos proyectos.

Pascual expone el ejemplo de los hechos en San Juan Sacatepéquez, debido a la instalación de la cementera; en San Miguel Ixtahuacán con la minera; en Livingston, Izabal; y otros departamentos.

«Estamos volviendo a problemas que provocarí­an conflictos sociales de mayor envergadura y eso solo es responsabilidad del Estado y las empresas», asegura Pascual.

«En la medida que las empresas encuentran cobijo en las autoridades y la legislación nacional, aumenta la conflictividad», adujo Gerónimo.

Finalmente, ambos dirigentes coincidieron en el rechazo a la actual discusión de una nueva ley de minerí­a, ya que la postura de las comunidades es de rechazo total a la explotación de sus recursos naturales y sus territorios, por lo que estiman que el Estado debe buscar alternativas de desarrollo sin el mal uso de esos recursos.

«De aprobarse una nueva ley, habrí­a una desobediencia; harí­amos un llamado a los diputados en que no insistan en que pase esa ley. En todo momento la vamos a rechazar y vamos a llamar a la desobediencia de esas leyes, porque lo que está en juego no es la sobrevivencia de las comunidades que están alrededor de los proyectos sino de toda la población», concluyó Pascual.