Las empresas que obtienen concesiones de algún tipo en nuestro país se quejan, a la hora de alguna revisión de su estatus, de violaciones al régimen de legalidad, pero pocas veces se analiza cómo y bajo qué condiciones se otorgaron esas condiciones y si no fue violentando precisamente el estado de Derecho. Lo que ahora vemos con respecto a la concesión petrolera en la Laguna del Tigre y la forma en que un funcionario público manoseó dictámenes técnicos para beneficiar al concesionario, es una norma casi general en un medio tan podrido como el nuestro.
Alegar que se violenta el estado de Derecho y, sobre todo, derechos legalmente adquiridos cuando se revisan situaciones como la de la minería es pasar por alto los elevados niveles de soborno que marcan el comportamiento de nuestros funcionarios cuando analizan y deciden sobre solicitudes para gozar de privilegios extraordinarios. El sistema es tan corrupto, está tan podrido, que legalmente se estableció un régimen de regalías para el Estado de apenas un uno por ciento de lo que se extraiga del subsuelo, extremo que por sí sólo apesta a podredumbre, a corrupción y latrocinio, pero que aquí nadie denuncia. Y si algún día el Estado cae en manos decentes y se quiere revisar todo lo que hemos entregado en aras de la corrupción, los concesionarios pegan el grito en el cielo y alegan perjuicio en su contra. ¿Y qué del perjuicio que su corrupción causó al país, a sus intereses y a sus habitantes? De eso nadie habla, tristemente, porque al parecer ya damos por sentado que la corrupción es parte del sistema y no nos ofrende que un Congreso corrupto regale el subsuelo ni que un gobierno sinvergí¼enza venda los activos mediante acciones que constituyen fraude de Ley. En otras palabras, por obra y gracia de Tratados internacionales como los de libre comercio, se consagra como incuestionable e irreparable la podredumbre provocada por concesiones o resoluciones administrativas en base a soborno, en corrupción descarada pero que no es susceptible de revisión. Y luego vienen los calificadores de riesgo del país a advertir que cualquier medida contra algún inversionista nos rebajará la calificación, sin que se considere si el inversionista fue un sinvergí¼enza que compró bienes del Estado a cambio de mordida o logró concesiones dando soborno a funcionarios públicos. El régimen de legalidad nos debiera permitir el enjuiciamiento tanto de los corruptos como de los corruptores y el día que terminara nuestra impunidad hasta en ese sentido, posiblemente muchos de los que hacen negocios con concesiones a la sombra del Estado, quedarían al descubierto por largos, pícaros y sinvergí¼enzas.