Las reformas a la ley de minería presentadas hoy por el ministro de Energía y Minas, Erick Archila pusieron en evidencia el incumplimiento de campaña respecto a las regalías que percibe el Estado en la actividad minera.

En la nota publicada por este vespertino con fecha 23 de agosto de 2011 se detalla las promesas que los presidenciables plantearon durante el Foro de la Asociación de Gerentes de Guatemala.

En esa ocasión, el ahora presidente de la República, Otto Pérez habló de percibir no menos del 40 por ciento en regalías, cifra que contrasta con la iniciativa de ley presentada hoy, la cual no establece más del cinco por ciento.

El documento en su artículo 63 establece que las regalías  a pagarse por concepto de explotación son las siguientes: Materiales de construcción (1 por ciento), rocas decorativas (2 por ciento), Minerales no metálicos (3 por ciento), metales básicos ( 3 por ciento), metales preciosos (5 por ciento), piedras semipreciosas ( 3 por ciento), piedras preciosas (5 por ciento), tierras raras (10 por ciento), resto de minerales no contempladas en clasificación anterior (3 por ciento).

“Es una iniciativa deficiente. Con respecto a las regalías no hacen más que legalizar el pacto con las empresas privadas lo cual evidencia que con las únicas que consensuaron esa iniciativa de ley fue con los empresarios que explotan minerales en el país. Lo único que hicieron fue legalizar el acuerdo voluntario no recibieron aportes para que fueran ganancias para el Estado”, señaló    Rafael Maldonado, abogado litigante del Centro de Acción Legal y Ambiental.

SIN CONSULTAS POPULARES
Las consultas populares quedaron fuera de las reformas. El ministro de Energía, Erick Archila de forma sumamente escueta señaló que no le compete a su cartera abordar el tema. “Eso no está regulado en este momento, lo que consideramos que cuando llegue la regulación de las consultas habrá que buscar una modificación al respecto”, señaló. Aunque se intentó abordarlo cuando concluyó la presentación, varios trabajadores del Congreso hicieron una valla para evitar el acercamiento del funcionario con la prensa.

Al consultarle al abogado de Calas, señaló que al no incluir este tema “Va a provocar más conflictos sociales al no regular las consultas sociales. Si las comunidades no quieren  no se deberían de echar andar esos proyectos”, señaló Maldonado.

En su lugar, la propuesta detalla en su artículo 7 un mecanismo de información y comunicación con los consejos municipales de Desarrollo. “Previo al otorgamiento de las licencias de exploración y explotación el Ministerio de Energía y Minas en coordinación con el Ministerio de Ambiente, hará una presentación del proyecto a los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo en cuya jurisdicción se encuentre. La presentación debe incluir una explicación con pertinencia cultural de los aspectos técnicos y ambientales, así como un estimado de los beneficios que percibirá el municipio”, reza la iniciativa de ley.