La orden de la Corte Suprema de Justicia de arrestar a tres congresistas del oficialismo por nexos con grupos paramilitares dio inicio a un proceso que refuerza la tesis de que muchos de los crímenes de los grupos de ultraderecha en Colombia fueron orientados por políticos.
El parlamentario de izquierda Gustavo Petro, uno de los autores de las denuncias sobre estos vínculos en el departamento de Sucre (norte), sostiene que esa decisión muestra que son creíbles las pruebas que desde hace dos décadas se han esgrimido sobre la relación entre políticos y paramilitares.
«Es gente que hacía leyes por la mañana y por las tardes ordenaba cometer masacres», señaló Petro al referirse a los tres legisladores, por ahora fugitivos, y aseveró que no son los únicos, y que muchos otros políticos están implicados con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La Corte Suprema, que en Colombia es el juez de los congresistas, había ordenado el jueves el arresto de los senadores Alvaro García y Jairo Merlano, y del representante a la Cámara (baja) Erik Morris, todos de Sucre, una región donde se atribuyen más de 1.500 crímenes a las AUC.
Este viernes el mismo tribunal pidió a la Fiscalía investigar a otros cinco políticos de Sucre que no gozan de fuero especial, entre ellos al ex embajador de Colombia en Chile, Salvador Arana.
«Este es un país de leyes, aquí lo que necesitamos es estimular y respetar la justicia, estimular que todo el mundo en su conducta cumpla rigurosamente con la ley», afirmó en su primera reacción el presidente Alvaro Uribe.
En el caso de García se le señala de ser «determinador» de la masacre de 20 campesinos en octubre de 2000 en el poblado de Macayepo, cometida por un escuadrón al mando del jefe paramilitar Rodrigo Mercado.
El ministro de Interior y Justicia, Carlos Holguín, recomendó a los congresistas entregarse y reconoció que el gobierno se encuentra «dolido y afectado» por lo que consideró es un duro golpe a la credibilidad de las instituciones.
Las denuncias sobre nexos de políticos con las AUC, que en abril culminaron la desmovilización de 31.000 combatientes dentro de una negociación con el gobierno, se acentuaron tras la divulgación hace varias semanas del contenido de un computador del jefe paramilitar Rodrigo Tovar, ’Jorge 40’.
Además de congresistas, los nexos se extenderían a funcionarios del ejecutivo y la justicia que facilitaban información e incluso ayudaban a los paramilitares a planear crímenes y masacres, según los denunciantes.
Petro y otros parlamentarios del izquierdista Polo Democrático y del también opositor partido Liberal, advirtieron a comienzos de año que esos políticos cercanos a los paramilitares estaban apoyando la aspiración de Uribe de ser reelegido, como ocurrió en los comicios de mayo.
«El presidente debe explicar a Colombia y al mundo por qué aceptó el apoyo de personas tan oscuras vinculadas a crímenes de lesa humanidad», indicó Petro.
La Policía ordenó operativos para evitar que los tres congresistas salgan del país, mientras que Marta Lucía Ramírez, portavoz del Partido de la U al que pertenece uno de los acusados, dijo que debe confiarse en la capacidad de la justicia para establecer la verdad.
Los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Vicente Castaño afirmaron en los últimos años que entre un 25% y un 30% del Congreso respondía a los paramilitares.
Estos grupos fueron creados en los años ochenta por narcotraficantes y ganaderos para frenar a las guerrillas izquierdistas. Pero en la última década se extendieron particularmente en la costa Caribe, donde lograron una notable influencia económica.
«En esas regiones nosotros éramos el poder», dijo hace un año Mancuso al ser interrogado por la Corte sobre su relación con los legisladores.