Las reformas a la Ley de Probidad, que se encuentran entre las iniciativas de leyes de transparencia, son calificadas de fundamentales para brindar de herramientas a la Ley Penal Contra el Enriquecimiento Ilícito; pero los congresistas aún difieren en los proyectos y no consiguen un consenso final sobre las reformas legislativas.

Las reformas a la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos fueron dictaminadas el año pasado por la comisión Extraordinaria de Apoyo a la Recaudación y la de Legislación y Puntos Constitucionales. Como parte de las leyes de transparencia se encuentran entre las más importantes para incluirlas en una agenda legislativa, no obstante estas modificaciones no suenan en la discusión de búsqueda de consensos.

 Las reformas que buscan establecer el proyecto de Ley se basan en fortalecer la forma de fiscalización de la  Contraloría General de Cuentas  (CGC) en cuanto a las declaraciones de probidad de los funcionarios.

Esta iniciativa indica que todos los trabajadores estatales estarán sujetos a presentar informe de probidad, ya que ahora sólo están sujetos a esta obligación los que ganan arriba de Q 8,000. En dicha información de probidad serán incluidos nombres y puestos de familiares que tenga el empleado o funcionario del Estado.

Esto será emitido mediante un formulario digital que la CGC tendrá a disposición de los obligados a cumplir este mandato, lo cual le dará más facilidades de fiscalización, debido a que podrá cruzar datos que permitirán ver de una forma más fácil si la persona que recibe pago estatal está cometiendo enriquecimiento ilícito o si existe conflicto de intereses con sus familiares, los cuales ya fueron tipificados como delito en la Ley Penal Contra el Enriquecimiento Ilícito.

El diputado Álvaro González Ricci, quien fue presidente de la Comisión de Apoyo a la Recaudación, dijo que la Ley es fundamental herramienta para que se puedan detectar los delitos tipificados en la normativa que penaliza el enriquecimiento ilícito, además que fortalece a la Contraloría.

González Ricci aseguró que el dictamen de las reformas ya tiene consensos, pero que es un tema “delicado” que podría ser sujeto a condicionamientos para su aprobación.

Por su parte, Amílcar Pop, diputado de Winaq y presidente de la comisión de Probidad, manifestó que la iniciativa de reformas a la Ley de Probidad debe de ser sujeta a discusión, porque que hasta el momento no se le ha dado la relevancia a los cambios y la importancia que tiene para el país en la lucha contra la corrupción.