No necesariamente va una antes que la otra, ambas leyes tienen una clara relación con el modelo de Estado que se requiere y cualquier reforma a ambos cuerpos normativos tendría profundas consecuencias en los elementos del sistema político. Las dos propuestas están echadas sobre la mesa y ahora habrá que apañar con maestría, la forma de gestionar, interpretar en incidir en el proceso de deliberación de ambos cuerpos legales.
Será como tratar de movilizarse con un pie en una patineta y el otro en un patín. La jerarquía de leyes ya indicaría el mayor peso de la ley Constitucional sobre la ley Electoral, de alguna forma la primera contiene a la otra, el espíritu de la primera debería aportar los elementos fundantes de la segunda y por lo tanto en pertinencia jurídica una debería reformarse antes que la otra.
Hasta aquí la lógica que nos indicaría determinado orden natural de este tipo de retos, sin embargo hay que decir que es ocioso tratar de resolver ese orden, el hecho es que los procesos políticos para ambas reformas están dando de qué hablar y lo acertado es hacer equilibrio con los dos pies sobre ruedas diferentes. La sociedad recibió con sorpresa el anuncio del Presidente hace aproximadamente un mes sobre su iniciativa de hacer cambios en la carta constitucional, proyecto que ha revelado cuatro macrotemas usando sus términos, que de concretarse sacudiría como ya sabemos el sistema político, el ámbito de la seguridad y la justicia, los procesos para transparentar la gestión estatal y el fortalecimiento fiscal. A un mes y tantos, ese anuncio ha concitado en el balance, más rechazos y críticas que anuencias, las que van desde la derecha ultraconservadora, la neoliberal, hasta sectores diríamos progresistas; de hecho el proyecto original ya sufrió cambios y por lo menos cinco artículos propuestos han sido desestimados.
Los más sesudos análisis políticos y jurídicos han sido expuestos en distintos medios, columnas de opinión, foros etc. persuadiendo sobre los peligros o las incongruencias de reformar la Constitución, pero pocos han resaltado sobre la necesidad urgente de debatir como sociedad, un modelo de Estado. El gatillo de la crítica y desestimación lo tenemos más rápido que el de la propuesta y disposición. A este respecto van dos elementos para el análisis: el primero tiene que ver con las razones de una reforma constitucional, ¿por qué en este momento?, y salta como lo más evidente la ambición del proyecto político del Presidente Pérez desde una lógica reformista conservadora, incluso a riesgo de jugarse temprano la propia popularidad, pero al mismo tiempo con la claridad y la certeza que le indican que el carro para avanzar es lento. El segundo elemento tiene que ver con la estrategia de viabilidad política del proyecto. Cómo se puede aspirar a que un parlamento que es objeto de cambios sustantivos en un proyecto de reformas constitucionales del Ejecutivo, sea al mismo tiempo el sujeto que apruebe dichos cambios. Esto impone retos en términos de la estrategia de negociación legislativa, que habría que impulsar para que el mismo tenga los votos necesarios, algo que no es menor. En este elemento del análisis es donde reside una clave política que vincula las reformas constitucionales con las electorales.
Ciertamente la mayoría de cambios al sistema político propuestos en la reforma constitucional se pueden hacer desde la vía de la reforma a la Ley Electoral, incluso con un mejor nivel de detalle, quizá solo haría falta dejar inscrito en un artículo especial, el espíritu de las organizaciones políticas como sujetas de derecho público. Pero al final son los diputados, como dije, objeto y sujeto en este caso de ambas iniciativas. En la segunda tienen más control que en la primera y quizá por eso hemos leído en los últimos días su mejor disposición y apego a agilizar las que al final consideran ellos como su Constitución, las electorales. Sin embargo como empecé termino, el quid de las reformas no es el orden sino el modelo de Estado que necesitamos.