Parte de la opinión pública parece creer que la propuesta de reforma a la Constitución del presidente Pérez Molina estaría a punto de fracasar, debido a que varios de los diferentes sectores organizados de la sociedad, que fueron convocados para darles a conocer el documento preliminar, tienen perspectivas diametralmente opuestas y que el Congreso parece indispuesto a conocerlas cuando le llegue el turno.

Y es que es cierto que cada sector quisiera que el Estado guatemalteco existiera para servir a una clase en particular y dejar de lado cualquier otro asunto que no sea de su interés y beneficio, y con esto nos muestran que –como se hace con los dogmas espirituales– la propuesta de ellos, según su sabia creencia, sería la única opción de desarrollo para el país.

Además, también es verdad que cada sector parece querer imponer su propuesta a cualquier precio, menoscabando, como siempre, el actuar de otros, de los cuales tienen una percepción fijada desde hace tantos años y que piensan que ya no puede cambiar, y que sobre todo se basa en la desconfianza, en “qué te puedo quitar y conservar” y no “en qué cedemos y compartimos”.

Por un lado, como siempre, se encuentra el sector empresarial, que considera que las modificaciones para que el Estado sea moderno y se ajuste a las condiciones que prevalecen en la actualidad, serían posibles únicamente mediante reformas de algunas leyes ordinarias.
 
La propuesta del Ejecutivo se basa en que es necesario hacer reformas a la Constitución, porque de lo contrario –aunque no lo dicen abiertamente– el Gobierno actual solamente se quedará con la esperanza de los ciudadanos que pensaron que todo cambiaría porque ya no era posible tocar un fondo más profundo.

En este caso convergen en cierta medida algunos sectores, dispuestos incluso a que se les incremente el presupuesto pero no a ceder el control a ningún otro ente para que administre los recursos. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo.

Al otro extremo se encuentran algunos de los sectores indígenas –y digo algunos porque otros coinciden en algo con el Ejecutivo–, que piensan que la Constitución actual los mantiene excluidos por completo y que los aspectos que se pretende incluir en las reformas serían solo de tipo cultural y no tocarían ningún elemento relacionado con temas puramente económicos.

Otro aspecto que también es cierto, es que el Gobierno, en la primera oportunidad, sacó a la vista de los sectores convocados un documento que al transcurrir las reuniones iba a cambiar, pues se incluirían críticas y observaciones de cada uno de los involucrados.

Sin embargo, aunque no estoy de acuerdo con que la Constitución deba reformarse ahora, sí creo que es imprescindible que los sectores con posiciones extremas, como los ya mencionados, deben ceder en la medida que se comprenda que este país –aunque todavía parece pertenecer a una sola clase– es el que habitamos y en el cual deberemos convivir por el resto de nuestras vidas, si no se decide lo contrario.

Seguramente, en un tema tan importante y elemental como cambios a la Constitución, además de tiempo para su discusión y apertura al diálogo, siempre será importante hacer a un lado las diferencias y desconfianza que caracteriza a cada sector del resto, pues los cambios provocan miedo y nerviosismo para todos. Y es por eso que se debe actuar y responder de acuerdo a principios no necesariamente sectoriales.

Por tanto, si cada sector quiere su propia reforma –sea legislativa o constitucional–, lo único que le quedará será bloquear cualquier otra propuesta que no sea de su confección, pero debería considerar que así, en ese estira y encoge, vamos a lo mismo de siempre: discusiones desgastantes sin ningún efecto prudente para el país.