El simple hecho de que las reformas constitucionales planteadas por el Ejecutivo tengan que ser aprobadas, con las modificaciones del caso, por el Congreso de la República ya es suficiente para ver que la iniciativa está cuesta arriba y que será difícil lograr que la misma sea aceptada tal y como fue elaborada por los asesores del Presidente de la República. Pero si a ello agregamos que uno de los factores más importantes de la propuesta es la reforma del sector justicia y que la Corte Suprema de Justicia anunció que no respalda la iniciativa, obviamente la cosa se pone color de hormiga.
No digamos el rechazo de los principales aliados del gobierno en muchos temas, los empresarios, quienes también expresaron ya su rechazo a la posibilidad de reformar la Constitución, insistiendo en que los cambios deben hacerse por la vía de modificaciones a las leyes ordinarias.
Los anuncios del gobierno dicen que la reforma es para mejorar en justicia y seguridad, en transparencia y en la identidad de los pueblos indígenas. En seguridad y justicia ya está visto que los mismos magistrados consideran improcedente el fondo de lo propuesto y, por lo tanto, se abre todo un campo de debate muy amplio para decidir sobre el modelo que se debiera buscar, en todo caso. En cuanto a la transparencia, seguramente que se hubiera logrado más con voluntad política para aprobar leyes firmes para sancionar la corrupción que con la propuesta de reforma constitucional. La transparencia se logra más por actitudes que por decreto y por lo tanto, aunque se reformara la Carta Magna en ese campo, hay suficientes elementos para suponer que no hay sustancia en la iniciativa.
Sobre la identidad de los pueblos que habitan Guatemala, ya los grupos indígenas han expresado su inconformidad con la reforma, por lo que, como con la justicia, resulta que los más interesados no sienten que la iniciativa vaya por la ruta correcta.
En medio de ese cúmulo de inconformidades, se abrió la puerta ahora para que las fuerzas que dominan el Congreso de la República puedan hacer la reforma a su gusto, a su sabor y antojo y el gobierno ya no tiene control de lo que pueda salir de las discusiones entre los diputados. No olvidemos que por mandato legal, el Congreso es el soberano para aprobar o improbar reformas que luego deberán ser sometidas a consulta popular, pero de lo que decida el pleno del Congreso nadie puede estar seguro ni nadie puede confiar en que se mantendrán dentro de lo que propuso el gobierno. Vistas así las cosas, no se ve fácil lograr un buen resultado.
Minutero
Hoy Romney se lamenta
por la inoportuna tormenta
que no dejó que el notición
fuera la gran Convención