Han pasado ya dos años de esta nueva legislatura que empezó con un reto depositado en los nuevos legisladores, corregir deficiencias que la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos, Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), mostró durante el proceso de elecciones generales 2007.

El arranque empezó y siguió su curso los primeros veinticuatro meses en el parlamento, con ciertos problemas identificados tanto por el nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) como por algunos legisladores.

Pero cuando se ha iniciado 2010, año que empezó a abrir puertas para que pasen a la antesala de un nuevo ciclo eleccionario las instituciones polí­ticas y sus futuros contendientes, sigue frenado todo aquel producto bruto depositado en varias iniciativas.

AMBIENTE

Marco Antonio Barahona, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), ve que cuando ya avanzó y casi concluye enero, no se ve positivo el panorama polí­tico de entendimiento entre legisladores que pudiera generar acuerdos.

Además, estando apenas a catorce meses que el TSE debe convocar a una nueva contienda, la agenda legislativa está rebalsada de trabajo con varios temas «y no hay tiempo polí­tico» para agilizar el asunto electoral, dice.

Otro semblante, es que no hay ningún dictamen para la cantidad de propuestas, el movimiento y traslado de integrantes entre bancadas sigue ocurriendo y se percibe que seguirán esos movimientos, lo cual no da estabilidad polí­tica a ningún partido.

El analista opina que una buena iniciativa de ley es la de los magistrados del TSE, otorgarles una mayor institucionalización, crear el Instituto de Formación Cí­vica y ser los rectores de la formación polí­tica en el paí­s; pero en el Congreso no avanzó el tema.

CONSULTA

El 10 de septiembre de 2009, el Pleno conoció la iniciativa número 4098 del parlamentario Armando Sánchez, en el sentido de modificar el artí­culo 199 de la Ley Electoral, sobre Consultas al Pueblo para asuntos de trascendental importancia.

La Consulta Popular, para que sea vinculante a todos los habitantes del paí­s, va en asuntos de orden económico, polí­tico, social, territorial, medio ambiente, cultural, de derechos indí­genas.

Además, derechos laborales, concesiones y usufructos de bienes del Estado y sobre cualquier otra materia que afecte o beneficie a los habitantes del paí­s a nivel municipal, departamental, regional o nacional.

Basados en los recursos que ofrece la ley, el TSE no ha logrado ejercer fuerza para evitar que las instituciones polí­ticas realicen campañas anticipadas, como viene ocurriendo desde 2008 con algunos partidos polí­ticos que buscan posicionamiento en la mente del elector.

DPI Y Cí‰DULA

Que en la próxima elección pudieran convivir el Documento Personal de Identificación (DPI) y la anticuada cédula de vecindad, es otro problema que deberá enfrentar la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos.

Los integrantes del Centro de Acción Social (Casa), en agosto de 2008 presentaron una iniciativa de tres artí­culos para modificar el artí­culo 165, para evitar el indebido traslado de electores a distritos electorales donde carezcan del legí­timo derecho para elegir autoridades, «votar dos veces».

También modificar el artí­culo 205 adicionando un párrafo, para que los diputados no puedan ser reelectos más de dos veces en forma consecutiva; y uno más, 205 «Bis» para detener a los tránsfugas y que, a iniciativa de su partido, aquellos pierdan su condición.

El analista de Asies enfatiza que viendo el horizonte polí­tico del paí­s debido a la multiculturalidad y dinamismo hasta el crecimiento poblacional, la mejor idea no serí­a reducir el parlamento, solo evitar que crezca el número actual de 158 diputados.

La poca representación de legisladores para el paí­s no es buena y además forzar para conseguir un menor número podrí­a tomar tiempo antes que se logre, analiza.

Otro contratiempo para las múltiples reformas iniciadas, es que tal como ocurrió en 2004 la comisión de Asuntos Electorales a petición del pleno, se verí­a en la necesidad de hacer la consulta respectiva a la Corte de Constitucionalidad, antes de aprobar cualquier reforma.

Diputados consultados, coinciden que debido al clima polí­tico que vive el parlamento, cada dí­a está más alejada la posibilidad de conseguir reformas a dicha ley.